Empresas preocupadas por "tasa a la valija"

A la firma La Caroyense, la Municipalidad de Deán Funes le quiere cobrar 525% más de que lo que vendió en cinco años.
La incipiente multiplicación del denominado "impuesto a la valija o al maletín" que están cobrando varios municipios cordobeses genera cada vez mayor preocupación entre el sector empresario, sobre todo industrial.

El tema comenzó a mediados de los ’90 con intendencias grandes como Río Cuarto primero y Villa María después, pero ahora, por un fallo de la Corte Suprema, amenaza con extenderse a muchas más jurisdicciones.

Se trata de la pretensión de las comunas de cobrar la tasa de Comercio e Industria (a veces llamada de "inspección e higiene") a empresas de "extraña jurisdicción": firmas que venden pero no tienen un local en el lugar.

Esto viene de larga data, pero en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de principios de junio (Papel Prensa contra la Provincia de Misiones) el máximo tribunal se declaró incompetente para actuar. El tema no es menor porque la Justicia local hasta ahora falló a favor de las pretensiones de los municipios.

Así, algunos (como el caso de los estudios Villegas Ninci y Cristian Langer, que asesoran a los intendentes) entienden que esto es algo saldado.

Sin embargo, Rodrigo Ranz, docente de la Facultad de Derecho de la UNC, considera que no es un tema cerrado ya que otro dictamen de la Corte (de la Asociación de Bancos de la Argentina, del 9 de junio) no rechaza la competencia. Al respecto, Germán Gianotti, gerente de impuestos de Deloitte, opina que este último fallo no está para nada claro. "En realidad, todos estamos esperando un fallo sobre el fondo de la cuestión. Hasta que esto no suceda, no se va a poder parar", dice Gianotti.

Explica que estos tributos violan la Ley de Coparticipación, que cobra impuestos (como el IVA o Ganancias) en el lugar donde la firma se radica y luego los distribuye entre las jurisdicciones provinciales y locales.

"Como entidad, estamos totalmente en contra. Por ser un impuesto distorsivo, por afectar directamente a la competitividad de la industria sobre todo de Córdoba (está muy localizado en la provincia) y porque, claramente, hay una superposición tributaria", remarca Fernando Sibilla, director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). La entidad fabril está preocupada por esto hace tiempo y planteó el tema en el Consejo Económico y Social.

Para la tributarista Dina Castillo, del estudio Castillo y Asociados, esto se aplica porque no funciona un convenio multilateral entre los municipios. Además, los elevados mínimos perjudican especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) porque se fijan mínimos que incluso pueden superar la facturación en el lugar. Un caso paradigmático es el de la bodega La Caroyense, donde la determinación de la Municipalidad de Deán Funes es cinco veces superior a lo que la firma vendió en esa localidad (ver Si se multiplica...).

En teoría, la firma a la cual le cobran este impuesto debería poder deducir este monto de lo declarado donde tiene su local y el municipio "de origen", cobrar menos y resignar esa porción. En la práctica, esto sería difícil de aplicar porque no hay convenio entre municipios.

"En Córdoba hay 427 municipios y comunas, y sería un verdadero problema si todos quisieran cobrar", opinó Gianotti.

Multas

400% de la contribución es lo que cobran algunos municipios por la multa. A esto le suman intereses.

Retroactivo

5 años para atrás piden los municipios a las firmas a las cuales les exigen el "impuesto a la valija".

Sorprendente

525% de la facturación es lo que pretende cobrarle Deán Funes a La Caroyense por este tributo.

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