Las empresas pesqueras se dividen respecto del proceso de cuotificación

El proyecto del Gobierno nacional recibió el apoyo del CEPA pero no de la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros. Esta semana continuarían las reuniones.

El sistema de cuotificación que el Gobierno nacional pretende impulsar para la administración del recurso pesquero no encuentra consenso entre las empresas del sector radicadas en Mar del Plata.

Mientras el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas -CEPA- apoyó el proyecto y recordó que viene reclamando la cuotificación desde 1997, la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura lo rechazó, afirmando que "es dejar en manos privadas un recurso público".

Tal como informó LA CAPITAL, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Norberto Yauhar, convocó días atrás a una reunión con distintas empresas pesqueras de todo el país, en la que adelantó su intención de avanzar con el proyecto de cuotificación contemplado en la Ley Federal de Pesca.

El presidente de CEPA, Oscar Fortunato, confirmó a LA CAPITAL que varios de sus socios participaron del encuentro y avalaron el documento que el funcionario nacional puso a consideración de los presentes.

En cambio el gerente de la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros, Darío Socrate, aclaró que la iniciativa "fue rechazada por todos sus asociados" durante una reunión realizada en Mar del Plata, con lo que negó la versión según la cual algunas firmas integrantes de dicha institución habían avalado la iniciativa.

Según pudo saber este medio, la intención del Gobierno nacional sería continuar con el diálogo directo con las empresas, evitando el contacto con sus representantes gremiales. Incluso trascendió que esta misma semana Yahuar convocaría a una nueva reunión de este tipo.

Este fue otro de los puntos que generó disenso en Mar del Plata. En diálogo con LA CAPITAL Socrate consideró que "debe respetarse la insitucionalidad de los sectores". Fortunato, en cambio, no puso reparos al diálogo directo con las empresas. "El Gobierno ha dicho que va a intentar aplicar este proyecto con una base de consenso amplia y eso es lo importante", reflexionó.

"Un viejo reclamo"

"Desde 1997 hay documentos de nuestro Consejo en los que apoyamos el proceso de cuotificación". Fortunato apeló a la historia reciente del organismo para sintetizar su posición de CEPA respecto de la nueva iniciativa del Gobierno nacional.

El dirigente marplatense recordó que la cuotificación es "el sistema de administración que eligió la República Argentina cuando su Congreso aprobó la Ley Federal de Pesca" y entendió que "avanzar en ese sentido le dará al sector mayor seguridad jurídica".

Por otra parte entendió que "como sistema de administración tiene ventajas de previsibilidad para las empresas pesqueras, que cada año podrán saber cuál es su situación en función de la captura máxima permisible". Y añadió: "En realidad lo que se haría sería ratificar un sistema que de hecho se está aplicando desde hace mcuhos años".

"Siempre nos opusimos"

Como era de esperarse, la posición de Socrate fue la opuesta. "Siempre nos opusimos a la cuotificación" afirmó a LA CAPITAL el dirigente, quien explicó que "nuestra primera crítica es conceptual. A nuestro criterio el sistema de cuotificaciones significa dejar un recurso público en manos privadas y prácticamente de por vida, porque eso es lo que significan 15 años renovables".

Sócrate aclaró que "nuestra crítica es de fondo, porque consideramos que es una privatización del mar. Va mucho más allá de las asignaciones que les puedan haber sido otorgadas a nuestros asociados".

Por otra parte, el titular de la Cámara advirtió que el proyecto traerá aparejada la apertura de un mercado de cuotas cuyo resultado sería la concentración de la actividad en pocas manos. "Más allá de que nuestra Cámara representa a un sector de empresas pequeñas y medianas que seguramente se verán obligadas a vender sus cuotas ante la insuficiencia de los cupos que se le asignen, creemos que será algo perjudicial para la economía en general", afirmó.

Además Socrate consideró necesario que se clarifiquen los criterios que se utilizarán para asignar cuotas. "Hay varias de las embarcaciones a las que se les asignarían cuotas que están cuestionadas por informes de organismos oficiales y hasta universidades", advirtió, para luego considerar que se utilizarían datos "obsoletos" como antecedentes.

"La ley dice que para asignar cupos debe tenerse en cuenta la historia de captura de cada embarcación entre 1989 y 1996 -explicó-. Actualmente esos datos pueden no reflejar la realidad del caladero ni de las empresas o de los propios barcos. En ese aspecto, creemos que debería modificarse la Ley de Pesca" añadió.

Tras considerar que "otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de personal ocupado" Socrate se preguntó "¿qué va a pasar con las embarcaciones que son de empresas que no tienen planta o con las plantas que procesan pescado de terceros? Es algo que hasta ahora no han dicho".

"Es por todo esto que consideramos que el recurso tiene que seguir estando en manos del Estado y su asignación debe estar sujeta a revisión permanente en virtud de los intereses generales de la Nación" enfatizó más adelante Socrate, quien advirtió que "hoy en día en Argentina hay más barcos de lo que el pescado resiste por lo que encontrar una solución matemática a la situación es muy difícil. Hay otros factores a tener en cuenta, como son la garantía de sutsentabilidad de los recursos, la generación de puestos de trabajo y la renta social y económica de la actividad, todos factores que sólo el Estado puede dilucidar".

En cuanto a la propuesta específica de su sector, Socrate explicó que "lo que nosotros pedimos es que se garantice una operatividad mínima razonable a flota fresquera argentina, que en promedio necesita dos viajes por mes", pero aclaró que "no pretendemos que se escuche sólo nuestra posición. Creemos que lo que debe hacerse es abrir un diálogo amplio que incluya a los gobiernos nacional y provincial, a las cámaras empresarias y los gremios de trabajadores para que, entre todos, veamos cuál es el mejor camino a respetar. Pero esto debe hacerse respetando la institucionalidad de los actores, algo que lamentablemente no se está haciendo", concluyó.

Diálogo bonaerense

Darío Socrate afirmó ayer a LA CAPITAL que la posición de la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura -ver nota principal- es compartida por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Emilio Monzó.

"Días atrás tuvimos una reunión con él y nos dijo que coincide con nuestro criterio, que atiende y entiende nuestra posición y que va a impulsar la apertura de un espacio de diálogo con los actores institucionales para definir cuál es la postura de la Provincia -relató-. Nos aclaró que hasta que no se avance en ese camino no va a tomar una postura respecto de la cuotificación a nivel nacional".

Emergencias

La situación de emergencia del recurso pesquero argentino, especialmente en lo que hace a la merluza hubbsi, también divide aguas entre los empresarios del sector.

El presidente de la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura, Darío Socrate, afirmó que la normativa vigente -ley 25.109 y 1897/ 99- establece que mientras esté declarada la emergencia no puede procederse a la cuotificación.

"Lo que habría que hacer es determinar que la merluza no está más en emergencia, pero las cifras que viene dando el Inidep no lo permiten -afirmó-. Definitivamente, seguimos en emergencia".

Fortunato, en cambio, consideró que la situación del recurso no impide la aplicación del sistema de cuotas. El titular de CEPA consideró que el único escollo lo constituye la emergencia administrativa -"debería ser levantada" consideró- pero entendió que se trata de un sistema de administración apto tanto en un contexto de abundancia como de escasez.

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