Hay 23 empresas mendocinas que planean reducir personal

Lo hacen para recibir ayuda estatal, reducir la jornada, suspender o despedir a parte del personal. Sólo la mitad logró un acuerdo.
Principalmente por el retroceso en la actividad económica local, desde setiembre pasado un total de 23 empresas en Mendoza han solicitado acogerse a un procedimiento de crisis con el propósito de que le permitan suspender y/o despedir a parte de su personal pagando casi la mitad de las cargas sociales e indemnizaciones que exige la ley.

De ese total, cerca de la mitad de estos casos prosperaron satisfactoriamente por acuerdo entre empresarios y gremios, no así el resto, donde se presume que muchos de ellos podrían desembocar para su resolución en los tribunales laborales, según informaron desde la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Si corre riesgo la estabilidad laboral de más de 15% de los trabajadores en empresas con una dotación de menos de 400 trabajadores; más de 10% en empresas de entre 400 y 1.000 empleados; y más de 5% en establecimientos de más 1.000 trabajadores, la Ley de Empleo 24.013 a través de su artículo 98 y su decreto reglamentario, habilita tanto a empleados como a empleadores a iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. Todo esto, por supuesto, si razones de fuerza mayor o causas económicas y tecnológicas lo ameritan.

Una vez iniciado el procedimiento, donde el peticionante ofrece todos los elementos probatorios ante Ministerio de Trabajo, tanto el empleador como la asociación sindical de los trabajadores, se reúnen en audiencia con el fin de lograr un acuerdo.

En esta instancia se proponen diferentes medidas que apunten a atenuar las causas del conflicto, como pueden ser suspensiones con plazos mayores a los previstos por la ley (30 días), o así también la opción de adherirse a los planes de sostenimiento de empleo (donde la Nación otorga subsidios a los empresarios para afrontar las cargas sociales de sus empleados), entre otras más.

Pero si el empleador demuestra que la única salida para que sobreviva la empresa es despedir a los trabajadores, por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), se podrá otorgar una indemnización equivalente a la mitad de la correspondiente. De todas maneras, si una de las partes en cuestión no está de acuerdo con ninguna de las alternativas propuestas, incluida esta última, una vez finiquitado los plazos previstos por la ley se da por fracasado el PPC.

"Desde setiembre de 2008, 23 empresas en Mendoza han iniciado procedimiento de crisis, lo cierto es que siempre han habido pero ahora son muchos casos más", señaló Javier Castrellejo desde la sede local del Ministerio de Trabajo. Aproximadamente un 50% del total lograron acuerdo entre las partes, que según Castrellejo se debió a que "estos establecimientos acordaron suspensiones por plazos mayores a los estipulados o reducción en las jornadas. Inclusive en algunos casos optaron conjuntamente por adherirse a los programas oficiales de sostenimiento de empleo", agregó.

Si no se logra una salida concertada, puede ocurrir que las partes tomen medidas de carácter unilateral que no las ampare la ley, y que en definitiva dejan la posibilidad de que el afectado reclame ante los tribunales laborales. Un caso podría ser que se despida al personal, que se suspenda o que se reduzcan jornadas laborales por un plazo ilegal, lo que habilitaría a los trabajadores a emprender acciones judiciales.

Un dato alentador que desestima esto último, lo aportó Dora Balada, directora de Empleo de la provincia, para quien "por las características de nuestra economía regional no hay despidos masivos en Mendoza, son sólo por goteos. Pero al mismo tiempo no se están generando nuevos puestos de trabajo".

Las empresas que han iniciado PPC en Mendoza forman parte de los sectores más castigados por la retracción económica. "Hay algunas que corresponden al sector textil, otras a las agroindustrias, al transporte, al rubro petrolero, a papeleras, comercios, y a mineras relacionadas con la actividad de la construcción", dijo Castrellejo.

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