Las empresas hacen fila para entrar al salvataje.

Se trata de un programa de asistencia a empresas en crisis, creado por ley y que constituye un fondo de 4 millones de pesos para ayudar a las industrias afectadas. Los gremios piden que se apliquen los beneficios con urgencia.
Apenas firmado el decreto reglamentario y todavía pendiente una resolución ministerial para dar aplicación real a la denominada ley de salvataje para empresas en crisis, las industrias ya hacen fila para acogerse al beneficio. Es que la crisis ya se metió en casi todos los eslabones de la cadena productiva y, con mayor o menor medida, está afectando a todos los sectores.

Justamente con la esperanza de revertir una crisis que se profundiza, desde el Ministerio de Producción confirmaron que cinco empresas ya presentaron la documentación necesaria para adherir a los beneficios -fiscales, impositivos y de reconocimiento de costos laborales- que contempla la ley 5.269 de creación del "Programa de asistencia a las empresas en situación de crisis", aprobada a fines del año pasado.

La ley crea un fondo de 4 millones de pesos a partir del cual se otorgarán los beneficios a las empresas que lo soliciten, siempre que cumplan con una serie de requisitos, entre ellos, no ser deudoras del Estado provincial y no haber producido despidos masivos por un lapso de un año. De hecho sería esa cláusula la que dejaría fuera de toda posibilidad de salvataje a ENCATA S.A, la fábrica de envases plásticos ubicada en El Pantanillo, que fue abandonada por sus dueños en agosto del año pasado, después de haber despedido a alrededor de 15 empleados.

Ahora, en la lista de espera para obtener los beneficios se encuentran cinco empresas, entre ellas dos industrias metalúrgicas que desde el año pasado atraviesan una profunda crisis. Una de ellas es Estructuras Metálicas San Javier, una firma radicada en la capital provincial, que entró en procedimiento de crisis y está en mora con el pago de salarios a su personal. La otra metalúrgica que ya pidió recibir los beneficios es Helametal, planta instalada en El Pantanillo bajo los beneficios de la promoción industrial y que fabrica heladeras Philco. Desde julio de 2008, esa firma mantiene suspendidos a todos sus empleados -más de 80- a la espera de mejores condiciones para la producción.

Urgencia

Raúl Aguirre, secretario general de la UOM local, manifestó la necesidad de que el Consejo Asesor del Programa de Asistencia a las empresas en crisis -presidido por las autoridades del Ministerio de Producción- evalúe y defina cuanto antes el otorgamiento de los beneficios.

Desde que la ley fue aprobada, en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, hubo varias reuniones de los actores que integran ese consejo, con el fin de avanzar en la aplicación de la ley. Sin embargo, aún no hay definiciones sobre la inclusión de empresas en los beneficios de la ley de salvataje porque, según se informó, resta una resolución ministerial que termine de pulir algunos aspectos que hacen a la aplicación de la norma. Se descarta que, una vez que se conozca esa resolución, surjan nuevos pedidos de parte de otras industrias afectadas por la crisis.

Qué dice la ley

Los puntos centrales de la ley 5.269 de creación del Programa de asistencia a las empresas en situación de crisis y su decreto reglamentario:

- Crea un fondo de 4 millones de pesos para ayudar a las industrias a paliar la situación económica.

- Subsidia a las empresas beneficiarias con hasta el 50% del costo laboral del salario mínimo vital y móvil de los empleados por un período máximo de 6 meses. Es decir que la ayuda equivaldría a 600 pesos por trabajador.

- Prevé prórrogas en el pago de impuestos provinciales y nuevos planes o convenios de refinanciación de deuda.

- Habilita a las empresas en crisis a adherir a los beneficios de la Ley de Promoción Económica e Incentivos Fiscales.

- Especifica que las empresas que pueden adherir al salvataje no deben ser deudoras del Estado, no haber producido despidos en un año, no deben estar concursadas, en quiebra o fallidas y haber cumplido con sus obligaciones sociales y previsionales.

- El Consejo Asesor, que integran representantes del Ejecutivo, gremios, Unión Industrial, Federación Económica y legisladores es el órgano encargado de definir cuáles serán las empresas que percibirán el beneficio oficial.

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