Las empresas se alistan para impugnar la ley en la Justicia

Las empresas se alistan para impugnar la ley en la Justicia
El Grupo Clarín y el Grupo Uno sostienen que la nueva norma es inconstitucional.
Dos grupos afectados por la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual adelantaron ayer que recurrirán a la Justicia para impugnar la norma sancionada el sábado por el Senado y promulgada ese mismo día por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata del Grupo Clarín y el Grupo Uno, dos de cuyos directivos ayer adelantaron la estrategia que adoptarán.

"El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. No se trata de ganar tiempo. Se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto", dijo el director corporativo de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo a FM Milenium.

En similares términos se expresó Daniel Vila, presidente del Grupo Uno. "Vamos a recurrir a la Justicia para impedir que (la nueva ley) se aplique porque tiene varios artículos inconstitucionales", expresó Vila en una entrevista con FM Blue.

"Hay cosas de la ley que son insólitas y que no existen en ningún lugar del mundo", expresó Rendo. Vila sostuvo que la norma aprobada en la madrugada del sábado en el Senado "trae problemas, está mal redactada y tiene artículos repetidos". "Ni creo que fuera redactada por un abogado", añadió el empresario mendocino.

Las posibles impugnaciones judiciales a la nueva ley aprobada en el Congreso había sido advertidas no sólo por legisladores de la oposición, durante el debate mismo de la norma, sino por prestigiosos abogados constitucionalistas. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los descalificó irónicamente al decir que son constitucionalistas "porque toman el tren en Constitución".

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrés Gil Domínguez opinó ayer en Clarín que el polémico artículo 161 de la ley (que da un año de plazo para desprenderse de medios a quienes no se adecuen a la nueva norma) "conculca de manera directa el derecho de propiedad y de forma indirecta la libertad de expresión".

"Esta es una ley con muchos defectos que va a traer mucha contienda judicial". sostuvo el fin de semana María Angélica Gelli, otra prestigiosa docente de la UBA y en 2004 mencionada como candidata del Gobierno a la vacante en la Corte Suprema que finalmente ocupó Elena Highton. Ayer opinó otro constitucionalista, Félix Loñ.

La polémica norma tiene varios frentes atacables desde el plano jurídico. Además de las empresas afectadas posiblemente se presenten otras demandas. Así pasó, por ejemplo, con la discutida reforma del Consejo de la Magistratura, realizada por el gobierno de Néstor Kirchner hace cinco años, cuando no sólo fueron a los tribunales los colegios de abogados (afectados por la reducción de sus representantes) sino organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores al Gobierno.

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