Al igual que Lázaro y Martín Báez, Mauro Ficcadenti se negó a declarar y presentó un descargo por escrito ante el juez federal Walter López Da Silva, en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una asociación ilícita fiscal, sobre la base de la emisión y comercialización de facturas apócrifas. De la maniobra, además de Austral Construcciones, habría participado una decena de firmas de Bahía Blanca y el monto estimado de la defraudación al Estado fue estimado en más de 673 millones de pesos.

Mauro era el primero de tres miembros de la familia Ficcadenti citados para esta semana ante el juzgado bahiense. El miércoles será el turno de Franco, el jueves de Enzo y finalmente el viernes de Silvio Luis, todos a las 9 de la mañana. Como todos los integrantes del grupo tienen como abogado al letrado Ezequiel Maradeo, se estima que los tres restantes repetirán la postura expresada este martes por Mauro, de no responder las preguntas del juez y remitirse al escrito en el que se defienden de la acusación.

Los Ficcadenti eran los responsables de Grupo Penta y Cía S.A., Calvento S.A. y Terrafari S.A., todas firmas vinculadas comercialmente con Austral Construcciones, pero sin capacidad económica para haber prestado los servicios que detallan las facturas emitidas a nombre de la empresa emblema de los Báez.

"En las facturas se hacía constar la prestación de servicios que en realidad no se realizaban y en los que además se declaraban precios mayores a los que efectivamente se cobraban" sostiene la acusación. Agrega que el sistema planteado de esa manera "se encargaba de proveer de crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes a cambio de sumas de dinero, permitiendo a los compradores de las facturas truchas (también integrantes de la asociación ilícita fiscal) disminuir de modo fraudulento su carga tributaria".

En base a lo auditado por la AFIP, la justicia determinó que Austral Construcciones, en el marco de diversas obras viales que le fueron adjudicadas por el Estado, contrató a, por lo menos, cuatro empresas sin capacidad económica. Entre ellas se encuentran tres del grupo Ficcadenti.

Se trata de Calvento S.A. (incorporada a la base e-APOC, de facturas apócrifas de la AFIP el 23 de junio de 2011), Grupo Penta y Cía S.A. (inicialmente considerada por los fiscalizadores de la AFIP como un contribuyente con parte de actividad real y otra parte que no podría justificar e incorporado a la base e-AEPOC el 25 de octubre de 2016 como contribuyente apócrifo "sin capacidad económica" y "sin capacidad financiera") y Terrafari S.A. (considerada una usina mixta, es decir que tanto emitía como adquiría facturas truchas e incorporada a la base e-AEPOC en enero pasado bajo la denominación sin capacidad económica en forma exclusiva y excluyente a las operaciones con Austral Construcciones, por el periodo que va de noviembre de 2011 a marzo de 2014.

"Se le adjudica haber intervenido en operaciones de descuento de cheques a través de Austral Construcciones S.A. en la financiera Crediba S.A. permitiendo que el cheque (que simula el pago de la factura falsa) al ser cambiado por efectivo, torne más difícil la trazabilidad o el destino real del dinero" plantea la acusación contra Terrafari.

La maniobra se completaba permitiendo que los fondos descontados volvieran al "pagador" como "dinero negro" para ser utilizado en el pago de "retornos, comisiones indebidas o adelantos para campaña".