Empresarios van contra las comunas por la publicidad

El cobro por los carteles exteriores e interiores afecta a los comercios e industrias de nueve departamentos.
Los representantes de las cámaras más importantes de la provincia, tales como la Federación Económica de Mendoza (FEM), Unión Comercial e Industrial de Mendoza (Ucim), Heladeros, Hoteleros, Soderos, Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), señalaron a Los Andes la creciente preocupación por los efectos que traerá el canon municipal por publicidad y propaganda a los comercios e industrias.

Estas tasas afecta a todos los comerciantes y marcas: grandes, chicos, locales, multinacionales pero por sobre todo a las soderías, las pinturerías, los negocios de indumentaria, las empresas de tarjetas de crédito y a todos los fabricantes.

Algunos municipios mendocinos como San Martín, Capital, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén, General Alvear y, en breve, San Rafael están aplicando una tasa a todas las empresas que ocupan espacio público en forma gráfica en los comercios.

La medida alcanza a todos aquellos carteles que están fuera de los negocios e incluso dentro de los mismos. Además de todos aquellos logos o marcas de empresas que se hallan en vehículos que realicen transporte y distribución de mercaderías o que sólo indican el nombre de la empresa propietaria.

Muchos carteles que tengan la finalidad de informar o indicar algún servicio del negocio, como por ejemplo el de las tarjetas de crédito o débito, también deberán pagar este tributo municipal. Incluso, las empresas de seguridad con alarmas domiciliarias que en las casas poseen un cartel disuasivo también deberán abonar.

Según explican los referentes de las cámaras, los cánones tienen "algunas particularidades lesivas" para los comerciantes. Las facturas que cobran los municipios por este derecho de publicidad y propaganda han sido, en algunos caso, montos desorbitantes (por ejemplo, un solo vehículo o utilitario paga por año entre 2.000 y 3.000 pesos por metro cuadrado), además de verse afectados por adicionales retroactivos de más de 5 años hasta la fecha (algunas empresas han recibido facturas de entre 50.000 y 100.000 pesos).

También explican que hay un abuso del sistema de medición, ya que contrataron empresas para hacer los relevamientos ( a través de muestras fotográficas) en los negocios y hay imprecisiones que ahora no pueden salvar, carteles de más, logos que no exisitían, etc.

Los comerciantes añaden a la situación las presiones a las empresas con embargos repentinos como el de una conocida entidad financiera que debió pagar porque tenía sus cuentas confiscadas o el de una empresa multinacional de bebidas que debe en cada municipio un millón de pesos.

Este sistema de relevamiento de marcas y logos publicitadas y recaudación municipal está tercerizado en manos de dos estudios jurídicos Semcar SA y Biosoft S.A, según explican los dirigentes empresarios, en tanto que la recaudación la realizará Recaudo S.A y Nic S.A UTE.

El impacto en los precios

Al unísono, las ligas empresarias explican que este impuesto traerá un aumento en los precios, ya que las empresas grandes o pequeñas traducirán este costo al precio. Algunas empresas, ante los altos montos facturados piensan en despedir personal, recortar presupuesto en otras áreas y otras piensan en cerrar.

Adolfo Trípodi, desde la FEM, señaló que buscan la salida desde lo político porque saben que en lo jurídico ya no pueden hacer nada Por lo que han citado a los intendentes municipales para exponer las situaciones particulares de cada empresa. Sólo el municipio de Godoy Cruz se ha mostrado abierto al diálogo.

Luego, de mantener una reunión con el secretario de Hacienda, Martín Kechner, se reunirán mañana con el intendente Alfredo Cornejo. Además, esta jurisdicción no cobrará las tasas a los vehículos y según los empresarios los montos son menores.

Según el presidente de la Cecitys, Adolfo Brennan, la principal dificultad es que las "reglas de juego no están claras y esto interfiere en la actividad comercial. No hay información pública sobre los cánones, no se pueden calcular como tampoco hay tarifarios"; señaló.

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