Transparentar la obra pública, para que sea una herramienta creíble, en momentos en que el país necesita de esta actividad, capaz de generar puestos de trabajo. Este fue el mensaje deDaniel Mafud, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTUC), quien repudió el caso de corrupción que involucra al ex funcionario José López, encargado de administrar recursos de la obra pública durante la gestión kirchnerista.

El directivo opinó que la investigación judicial, iniciada luego de que López fuera detenido en un monasterio de General Rodríguez cuando intentaba ocultar casi U$S 9 millones, afecta la transparencia de la obra pública y a las empresas que operan en este mercado.

“Lamentamos mucho lo que pasó. Estas situaciones empañan el desarrollo de la obra pública. Y todo lo que empañe a las instituciones involucradas afecta también al bien común y a los empresarios porque se genera descrédito. La obra pública es una actividad que representa el bien común, y que necesita toda la sociedad”, analizó Mafud, durante una charla con LA GACETA.

El directivo insistió en la necesidad de que la obra pública funcione de un modo transparente, y que se respete el mecanismo de licitación pública. “Queremos una obra pública creíble, para que haya competencia. Además de la licitación pública, es necesario que haya un sistema de calificación de la calidad de los trabajos”, observó el directivo de la CTUC.

Por otro lado, diferenció a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) de la construcción, de aquellas grandes compañías que operan en el mercado nacional. “En 2007, las PyME constructoras del norte del país propusimos la conformación de una confederación. En aquel momento, solicitamos reuniones con funcionarios de la Nación, pero no tuvimos éxito”, recordó. Finalmente, advirtió que las constructoras del interior están totalmente desfinanciadas, por la parálisis de la obra pública.

Las declaraciones del directivo de la CTUC llegaron en un momento en que diversos empresarios de la construcción local estarían en la mira de la Oficina Anticorrupción de la Nación. Ese departamento posee en sus manos documentación que involucraría a una quincena de firmas locales y “se encuentran involucradas en el pago de sobreprecios, pago de dádivas, obras inconclusas, puentes caídos y con graves problemas estructurales”, según el texto en manos de la OA al que tuvo acceso LA GACETA.

El caso López puso nerviosos a varios empresarios de la construcción locales, que ayer estaban pendientes de los pasos judiciales y del paso del parlamentario del Parlasur por Tribunales.

Sabía que había coimas

Más explosivas fueron las declaraciones de Juan Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que dio detalles sobre las irregularidades durante la gestión de López. “Por supuesto que sabía que había coimas en Vialidad. Nosotros lo hemos dicho. La Cámara siempre estuvo en contra de esto. Hay causas abiertas desde el 2008 que nunca avanzaron y avanzan ahora. Lo había denunciado Elisa Carrió”, dijo el empresario en diálogo con radio La red.

“Que la empresa Austral no hacía las obras y cobraba adelantado lo hemos dicho. Se lo dijimos a la gente de Vialidad Nacional, se lo dijimos a José López, a Julio de Vido, aCristina Kirchner. Nosotros dijimos que había privilegiados”, remarcó Chediack.

El presidente de la CAC señaló que no cree que haya habido sobreprecios generalizados. “Había licitaciones que no participábamos porque el dinero iba directo a una provincia. Siempre Vialidad hace acuerdos con provincias”, añadió.

Frente a la pregunta del periodista Luis Majul sobre si la Presidenta sabía sobre las irregularidades, afirmó: “Cristina Kirchner, Julio de Vido y José López sabían que había empresas que cobraban antes que otras. Austral no es socia de la Cámara Argentina de la Construcción”.

Chediack negó que desde la oficina de Obras Públicas le hayan ofrecido coimas. “Tal vez fue por la forma de ser de muchos constructores, muchos fuimos excluidos de muchos sistemas. Estoy convencido de que esto está muy limitado a un grupito muy chiquito de empresas”, dijo.

Sueños Compartidos

El que buscó desvincularse del accionar del tucumano fue el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala. Dijo que no tenía nada que ver la detención de López con la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos, que administraba la Fundación de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

El ex funcionario también defendió al ex secretario de Obras Públicas, al describirlo como una persona muy trabajadora, que no tenía ningún tipo de ostentación.

En diálogo con radio Del Plata, Fatala dijo no haber recibido una citación formal para presentarse a declaración indagatoria por el presunto desvío de fondos destinados al programa de viviendas y advirtió: “si hay alguien que quiere vincular la situación que está viviendo López con respecto al tema de las Madres, esto no tiene nada que ver”.

El ex número dos de López recordó que las operatorias nacían de los intendentes y gobernadores que solicitaban la aplicación del programa. “No tenemos ni una sola partida que diga Sueños Compartidos, sino que la propia provincia (o municipio) eran los que proponían esta mecánica de trabajo y éramos nosotros los que la aceptábamos”, detalló.

“Se ponía un ladrillo y se pagaba un ladrillo. No había anticipo de plata. Una vez que ese certificado llegaba, se liberaba todo lo que eran los mecanismos para el pago: se pagaba a la provincia o municipio y la provincia o municipio de forma electrónica le pagaba a la fundación con la que había contratado las obras”, reveló.

También descartó el pago de sobreprecios porque, dijo, se tomaban valores de mercado. Por último, aseguró que “la moneda que se maneja en obra pública es en pesos” y negó que quienes trabajaban en el Ministerio de Planificación manejaran “plata”.