Empresarios de colectivos se quejan por la “gratuitad” de pases a discapacitados y estudiantes.

Empresarios del transporte público de pasajeros de Mar del Plata solicitaron que la Municipalidad de General Pueyrredon asuma que “la gratuidad del transporte de personas con capacidades especiales y de los menores escolares constituye un más de las obligaciones propias y exclusivas del estado”. Argumentan que “la desmesurada cantidad de pases gratuitos que autorizados” provoca “graves daños” a la estructura económica financiera de las firmas.
Representantes de la Empresa de Transportes 25 de Mayo, El Libertador, 12 de Octubre, Transportes Peralta Ramos y Batán Sociedad Anónima, por medio de una elevación, pidieron que la Municipalidad de General Pueyrredon “declare explícitamente que la obligación del transporte 'gratuito' de pasajeros constituye un deber exclusivo del estado municipal y, en consecuencia, adopte medidas necesarias para impedir que la carga derivada de la cantidad progresiva de pases gratuitos que se agracian a personas con capacidades especiales y a menores estudiantes, termine consumando un daño en el punto del derecho a la intangibilidad de la remuneración de los concesionarios, ya que, hasta la fecha, nos hemos hecho cargo de nuestras obligaciones emergentes del contrato administrativo que nos vincula”.

En esa línea, argumentaron que “el beneficio empresarial originariamente pactado entre las partes se está viendo seriamente disminuido por la incidencia del desmedido aumento de pases gratuitos para el uso del servicio público; máxime teniendo en consideración que estamos en presencia de un contrato de carácter ‘oneroso’ en cuya estructura no se encuentra prevista dicha imposición”.

Más adelante, los concesionarios recordaron que vienen denunciando “desde el año 2005 a la fecha, la grave afectación que está provocando en la estructura económica financiera de las empresas, la desmesurada cantidad de pases gratuitos que autoriza la Municipalidad ”.

Por ese motivo, los empresarios presentaron ante el HCD consideraron pertinente presentar un documento en el que se observa la evolución en la cantidad de pases gratuitos en momentos en los que se aplicaba “una política de restricción en el tornamiento de pases”. “Las credenciales se otorgaban a aquellos que concurrían a rehabilitación y a talleres protegidos con un máximo de 4 viajes por día”, destacaron.

A través del mencionado informe, los transportistas aseguran que en el 2004, las personas discapacitadas realizaron 446.597 viajes sobre un total anual de 78.811.181, por lo que la incidencia fue del 0,57%; mientras que en 2005, la cantidad de viajes realizados por discapacitados representaron 497.634 sobre un total de 84.554.434, representando el 0,59% respecto del total.

No obstante, remarcaron que “entre agosto de 2006 y octubre del 2008, la cantidad de pases otorgados creció con una tasa mensual del 2.91%, mientras que los viajes realizados por los beneficiarios creció con una tasa mensual del 4.93%”.

“La incidencia del impacto económico para el corriente año, sobre la recaudación anual del sistema representa el 3,2%, sobre un porcentaje de la utilidad previsto en la propuesta licitatoria de un 11%!!!!!!”, agregaron en otro párrafo.

Y subrayaron que “teniendo en cuenta el impacto económico estimado para el año 2008, es del caso destacar que atento a la tendencia de crecimiento del 1,87% mensual, registrada en el otorgamiento de nuevos pases durante los últimos 9 meses del corriente año, es razonable esperar que en el año 2009 la cantidad de pases crezca un 16,68% y la cantidad de viajes crezca en igual porcentaje aceptando que cada discapacitado realice la misma cantidad de viajes que en el año 2008” .

“Con esta hipótesis, muy ajustada a la realidad, el impacto económico esperado para el próximo año será de $4. 416.225” , enfatizaron.

En otro orden, los empresarios arguyeron que “el estado municipal ha suscripto un contrato de concesión del servicio de “transporte colectivo terrestre” de estas características exclusivamente 'onerosas' y “no subvencionado”, y ha estatuido una metodología de cálculo de la tarifa a abonar por los usuarios que no contempla, entre los costos asumibles por el contratista, la gratuidad de boletos para usuario alguno”.

En consecuencia, desde el sector sintetizaron que “la gratuidad del transporte de personas con capacidades especiales y de los educandos constituye una más de las obligaciones propias y exclusivas del estado, en sentido lato, consistente es asegura y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas”.

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