Empresarios argentinos procesados por supuestos delitos en la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras por parte de la empresa estatal Aysa no ven con buenos ojos a sus pares arrepentidos en Brasil.

Intentan que no se incorporen a la investigación en Argentina los dichos de los ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht y que se acogieron al sistema de "delación premiada" en el escándalo del Lava Jato.

Aldo Roggio, Miguel Cabanne y Raúl Batallán reclaman que se revise la decisión del juez federal Sebastián Casanello de homologar lo actuado hasta ahora por la fiscalía del caso para firmar un "Acuerdo de Compromiso de Especialidad y de Limitación de Uso de la Prueba" con las autoridades brasileñas.

La firma de este convenio permitirá recibir en la causa argentina como prueba válida las declaraciones de arrepentidos en el marco del Lava Jato y usarlas en un futuro juicio oral.

En esta causa vinculada a supuesto direccionamiento de licitaciones y pago de sobornos los imputados ya tienen procesamiento confirmado en la Cámara Federal y se encaminan a ser enviados a debate oral.

La defensa de los tres empresarios considera que aceptar el acuerdo vulnera "tanto la dignidad de sus asistidos como el principio constitucional de igualdad ante la ley toda vez que propone un trato distinto entre los imputados nacionales y los de origen brasilero, asimilando lo resuelto a una renuncia a la propia jurisdicción penal de la República Argentina".

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Casanello rechazó conceder un recurso de apelación ante la inexistencia de un "perjuicio concreto" y porque el planteo "confunde" aspectos "que hacen a la soberanía" de la fiscalía como impulsora de la investigación penal.

La defensa de los empresarios fue en queja directa ante los superiores del juez, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que incorporar la prueba del Lava Jato brasileño, incluídas las declaraciones de arrepentidos en ese país, "en modo alguno importa una restricción a la defensa en juicio de los acusados".

Los procesados en esta investigación "mantienen inalterables sus facultades tanto para producir elementos de convicción como para confrontar el resultado que vaya arrojando la pesquisa".

La causa Odebrecht Aysa investiga presuntos delitos cometidos para la construcción de la planta depuradora Paraná de las Palmas, que estuvo a cargo del consorcio "Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento- José Cartellone" y la depuradora de Berazategui, adjudicada a Esuco-Camargo Correa.

Si llegan las pruebas desde Brasil, incluirán la declaración del ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, delator premiado en ese país y uno de los que habría hecho referencia al supuesto pago de sobornos para las plantas potabilizadoras.