Empresarios advirtieron por “tolerancia” a la violencia

Sapag se reunió con representantes empresarios y profesionales. Hay preocupación por el nivel de conflictividad social, y la permisividad ante la violencia. Se avanzó en algo que este diario había anticipado: un “pacto social” a la neuquina.
Representantes de entidades empresariales y profesionales le hicieron saber este jueves al gobernador neuquino Jorge Sapag su preocupación y malestar “por la tolerancia del uso de la violencia”, en un contexto de “conflictividad social muy grande”. Los empresarios expresaron concretamente su respaldo al accionar estatal en estos casos, y –al término de la reunión- revelaron que avanza la intención de un “pacto social” en la provincia, tal como había anticipado este diario.

En la convocatoria “también deberían estar presentes la iglesia, el municipio, el Tribunal Superior de Justicia, el periodismo, los sindicatos”, dijeron los empresarios tras el encuentro.

Sapag recibió en la residencia oficial de la Costa al presidente de ACIPAN, Juan Carlos Battaglia; el responsable de la Adineu (Asociación de Industriales de Neuquén), José Luis Villafranca; y el titular de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, Yamil Buamscha.

También participaron del encuentro Guillermo Reybet, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios; Eduardo Sepúlveda, en representación del Colegio de Abogados y Procuradores; Eduardo Matkovich, titular de la regional 1 del Colegio de Arquitectos; y Mario Pérez, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Los asistentes entregaron un escrito al gobernador, en el que expresan su “malestar y honda preocupación por la tolerancia del uso de la violencia en los espacios público y privado para arbitrar los reclamos sociales”.

Al concluir la reunión, Reybet comentó que “varias entidades intermedias concurrimos para manifestar nuestra preocupación por la problemática social”. Explicó que los diversos cortes de rutas y calles, así como las ocupaciones de terrenos y edificios públicos, han derivado en “una conflictividad social muy grande”.

Ante ese panorama, según indicó, “pedimos que se use el poder dentro del Estado de derecho para impedir el accionar de quienes quieren imponerse por la fuerza y asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

Añadió que otra propuesta fue la coordinación de políticas públicas entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales “que ofrezcan soluciones integrales a la problemática habitacional”.

“Es expresarle nuestro apoyo al gobierno provincial desde el punto de vista de que tome las medidas que tenga que tomar como quien ejerce el poder”, sintetizó.

Relató además que una de las resoluciones a las que se arribó en la reunión fue ampliar el diálogo sobre las pautas de convivencia social a otros sectores de la sociedad; “porque también deberían estar presentes la iglesia, el municipio, el Tribunal Superior de Justicia, el periodismo, los sindicatos” y demás organizaciones sociales.

“Aquellos que vean que tienen una necesidad de reclamo que lo hagan, pero sin interponerse sobre los derechos de otras personas a trabajar, a trasladarse y a vivir en paz”, subrayó Reybet.

Comentá la nota