Empresarios admiten que hay que pagar coimas para cerrar un negocio en el país

La mayoría de los ejecutivos del país considera que las compañía con las que compiten violan normas éticas con el objetivo de alcanzar sus metas comerciales
A nadie le gusta ser engañado. Eso está claro. Y si bien hay instituciones y organismos encargados de hacer cumplir la ley, tampoco a nadie se le escapa que, por fallas estructurales de nuestra justicia y por una necesidad del ser humano de infringir las normas, a diario se cometen delitos relacionados con el fraude o la corrupción.

De hecho, ambos ilícitos ya forman parte de la cultura de negocios de la Argentina. Por lo menos así lo admiten muchos ejecutivos que consideran que las compañías con las que compiten violan normas éticas para cerrar un negocio. Es decir, creen que sus competidores hacen trampa, y además coinciden en que sus empresas pueden ser afectadas en cualquier momento por esta conducta delictiva.

De hecho, el fraude, la manipulación contable, delitos fiscales, societarios, informáticos, insolvencias punibles y lavado de dinero figuran en el léxico corporativo habitual.

Estas consideraciones forman parte de los resultados, preocupantes, de una encuesta elaborada por la consultora KPMG entre mas de 1400 directivos de compañías que operan en Argentina y representan a diversos sectores e industrias con ingresos anuales de entre los u$s 10 millones y u$s 500 millones, y con planteles que van entre los 50 y los 500 empleados.

Los casos IBM-Banco Nación, Siemens-DNI y Skanska forman parte del abecedario corporativo utilizado como ejemplos para sostener esta visión delictiva sobre la forma de hacer negocios en el mercado local.

En el trabajo se advierte que el 80% de los encuestados considera que las compañías con las que compiten ignoran conductas éticas para lograr sus objetivos generales. Las empresas medianas, con entre 50 y 100 empleados, son las que más dudan de la conducta de sus pares (76,47%), mientras que entre las grandes el grado de respuesta positiva llega al 58,82%.

“En nuestra encuesta todos admiten que se hace trampa”, sostiene Gerónimo Timerman, socio de KPMG para el Cono Sur. Para el ejecutivo el fraude “viene creciendo año tras año ya que en 2003 sólo el 33% de los encuestados aseguraba haber sido víctima de la corrupción; en 2007 era el 41% y este año que pasó creció hasta el 66%”.

El costo del retorno

En líneas generales, para los encuestados por KPMG la corrupción permite obtener información privilegiada usada para la adjudicación de un contrato. El 86% de los consultados sostiene que el costo de la coima para lograr ese negocio ronda el 20% del monto del contrato.

Incidir en la elaboración del contrato para favorecer a una empresa en particular (74%); crear un monopolio para dejar afuera del negocio a potenciales competidores (69%), y ajustar las condiciones contractuales a favor de la competencia (66,5%) son las modalidades de fraudes mas frecuentes detectadas por los empresarios argentinos. También lo son el uso indebido de fondos y el cobro de sobornos y de retornos.

“El fenómeno del fraude crece porque los mercados se reducen, los competidores son mas agresivos, las casas matrices reclaman mayores ganancias a sus filiales, los empleados intentan mejorar los estados contables o buscan generar retornos mas altos”, explica Timerman.

El ejecutivo de KPMG explica además que mientras en el mundo desarrollado las denuncias anónimas son el medio más común para la detección del fraude, en Argentina se descubre accidentalmente.

“La deficiencia en los controles internos encabeza la lista de puntos débiles que podrían ser explotados por los defraudadores. También lo son problemas entre empleados y terceras partes”, agrega.

Luego de ser descubierta la conducta criminal, las empresas se inclinan por despedir al presunto autor y abrir una investigación (46%); profundizar la cuestión en la Justicia Penal (10%), realizando la respectiva denuncia.

En este sentido, en la encuesta de KPMG se observa que los empresarios tienen una visión escéptica respecto de la efectividad de la Justicia, por cuanto la mayoría informa que no se ha llegado a ninguna condena en los actos de fraude denunciados.

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