Empresario condenado y detenido por estafar al IOMA

Empresario condenado y detenido por estafar al IOMA

La jueza del Juzgado Correccional N°3 de La Plata, Graciela Buscarini, condenó a cinco años de prisión a Carlos Marenda, socio mayoritario de la empresa Biox S.R.L., por estafar a IOMA mediante solicitudes de provisión de prótesis para supuestos pacientes.

 

El imputado fue detenido a las 14.30, luego de que no se presentara a la lectura de la sentencia, cuando fue a notificarse junto a su abogado al juzgado. Además de la condena, el fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI nº 8 de Delitos Complejos,  había solicitado la detención inmediata y que sea trasladado a una unidad penal para cumplir con lo resuelto por la magistrada.

Durante los alegatos de la semana pasada, el titular de Delitos Complejos señaló que “encuentra acreditado que, entre 2008 y 2010, Marenda, en conjunto con otras dos personas -con las cuales este Ministerio Público arribó a un juicio abreviado- defraudó a la administración pública, a la obra social IOMA mediante trámites apócrifos supuestamente colocados a los afiliados pero que nunca se hicieron”.

"Para ello, (el imputado) se valió de un médico, Casouto, encargado del área de traumatología del Grupo La Merced. Ambos se hacían de la documentación necesaria para luego presentarla a IOMA y que después generaba el engaño a la administración pública", sostuvo Paolini, y agregó que el acusado "como representante del Grupo Biox, se hacía de los certificados e implantes que le daba la Clínica Mitre, muchos de ellos en blanco para que luego junto con Marenda se le agregaran stickers y se falsificaran constancias de antecedentes médicos de los pacientes”.

Según el planteo del representante del Ministerio Público, los engaños continuaron a través de la Federación Mayorista de Proveedores del Estado (FEMAPE), logrando cobro por 63 hechos probados más 18 en grado de tentativa. La estafa ascendería a un monto estimado de 3.100.000 pesos.

Paolini señaló a Marenda como coautor del delito de "fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso real". Tomó como agravante el ánimo de lucro ya que buscaron prótesis internacionales de mayor valor, y no nacionales, y pidió la detención inmediata, en caso de que la jueza dicte un veredicto condenatorio. En tanto, los abogados que representan a la Fiscalía de Estado bonarense, Homero Piccone y Francisco Lucero, solicitaron siete años y tres meses de cárcel para el imputado.

De esta manera, la magistrada no hizo lugar al requerimiento  del letrado que patrocina al acusado, Fabián Améndola, respecto del cambio de competencia a la órbita federal ya que la falsificación de documentos es un delito federal.

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