Una empresa privada fue demandada por un civil por daño ambiental colectivo

Francisco Sosa Catala, presentó en representación de un civil, ante la jueza Beatriz del Olmo de Perdiguero titular del Juzgado de Séptima en lo Civil y Comercial, una demanda en contra de una empresa avícola, que realiza sus actividades en el municipio de El Carril.
Los fundamentos de la misma están referidos a que se están incumpliendo la Ley Provincial 7070 y la Nacional de Presupuesto Mínimos.

Lo novedoso del accionar es que en caso de que el demandado pierda la causa, deberá pagar un resarcimiento que no va a manos del civil que demandó sino al Fondo de Compensación Ambiental, uno con dependencia nacional y otro provincial.

Es decir que el monto servirá para remediar y recomponer el daño producido al Medio Ambiente.

Si bien este fondo esta claramente especificado en la Ley 7070, sería este el primer caso que el monto de una demanda vaya formar parte de la remediación (como dicen los especialistas a la actividad de resarcir el daño al ambiente), por tanto el fondo deberá ser creado a tales fines.

Estos valores no deben ser desviados ni formar parte de otro accionar.

La avícola esta funcionando en el municipio de El Carril desde hace varios años y en varias oportunidades el actor civil realizó las advertencias y las quejas a los responsables de la avícola que esta ubicada en una zona cercana a las casas, y a las fincas, con los inconvenientes que esto provoca de malos olores, moscas, ruidos molestos etc.

La causa llegó a la justicia porque la empresa hizo oídos sordos a la petición de mejorar los efluentes y la zona de corrales.

La jueza del Olmo de Perdiguero deberá ahora analizar el caso y dar cumplimiento a las instrucciones que corresponden.

Parque Industrial

El Parque Industrial de Salta cuenta con alrededor de 98 empresas en funcionamiento, solo tres de ellas están habilitadas para cumplir con su actividad, una fábrica de colchones, una de hielo y una tercera de materiales.

El resto está sin el certificado del ambiental que de acuerdo a lo que Sosa Catala, como especialista en Derecho Ambiental y master en gestión ambiental señala debe ser otorgado por la Secretaría de Políticas Ambientales como autoridad de aplicación y al Ente Autárquico del Parque Industrial como autoridad competente.

La Secretaría de Políticas Ambientales es la encargada de controlar los residuos peligrosos mientras que de la Municipalidad dependen los residuos urbanos con competencia para el tratamiento de los mismos.

Las empresas serán visitadas durante esta semana por el Defensor del Pueblo Nicolás Zenteno, por pedido de los vecinos de zonas aledañas al predio, ante las constantes quejas de contaminación.

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