Una empresa enredada en su telaraña

Un sacerdote católico y un rabino son testigos de la denuncia que la Defensoría del Pueblo porteña presentará hoy contra los fabricantes de la marca Kosiuko. Se trata de una pareja de trabajadores bolivianos que fueron explotados y despedidos.
Por primera vez, un sacerdote católico y un rabino prestaron testimonio en forma conjunta en una causa en la que se denuncia a una empresa de indumentaria que habría utilizado en su línea de producción mano de obra en condiciones de semiesclavitud. La empresa involucrada es Kowsef SA, fabricante de prendas con la marca Kosiuko, cuyos directivos –de acuerdo con los testimonios– habrían quedado enredados en su propia telaraña: intentaron promover un monitoreo externo de su actividad para descartar cualquier posibilidad de trabajo en condiciones de servidumbre, con la auditoría de organizaciones sociales, y terminaron negando el derecho a una indemnización a dos trabajadores bolivianos, inmigrantes ilegales despedidos en uno de los talleres subcontratados que trabajan para esa marca. La denuncia que presentará hoy la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, ante la Justicia federal incluye el testimonio del cura Mario Videla, miembro de la Comisión Pastoral de Migraciones del Episcopado, y el rabino Damián Karo, de la Fundación Judaica, responsable del Templo de la calle Paso, en el barrio de Once, quienes participaron del frustrado intento de monitoreo de la empresa. Hoy a las 19, miembros de las organizaciones denunciantes se movilizarán ante uno de los locales de la marca, en Santa Fe y Callao, para respaldar la denuncia.

La marca Kosiuko ya había sido denunciada en 2006 por la Fundación La Alameda, que nuclea a costureros y denunciantes de situaciones de explotación ilegal de inmigrantes. En esa causa es querellante el gobierno porteño, por la presunta infracción de “obstrucción de inspección”.

A principios de septiembre del año pasado –dos años después de aquella denuncia–, el responsable de la firma Kowsef SA, Federico Bonomi, intentó un acercamiento con los denunciantes: lo hizo a través de Sergio Tosunian, quien se presentó como directivo de la asociación civil Interrupción, y promovió un encuentro con dirigentes y representantes legales de La Alameda.

Ante la propuesta, el presidente de la cooperativa La Alameda, Gustavo Vera, puso como condición la participación de un sacerdote católico y un rabino, como garantes de cualquier acuerdo al que se pudiera arribar. De esa manera se llegó a la primera reunión, el 30 de septiembre de 2008.

De ese encuentro participaron, además de Bonomi, de Kosiuko, Vera, de La Alameda y Tosunian, de Interrupción, el sacerdote Mario Videla, director de Migraciones del Arzobispado porteño, y Gabriel Seisdedos, representante de la Fundación Judaica, que dirige el rabino Sergio Bergman. La reunión se hizo en la parroquia Nuestra Señora Madre de los Inmigrantes, ubicada en la calle Necochea al 300, en el barrio de La Boca. Para no ser menos, el empresario Bonomi también concurrió acompañado de un cura de su confianza, Ramón Abeijón Umpiérrez.

En esa ocasión Tosunian manifestó que estaba interesado en “encontrar un mecanismo de certificación de que no había trabajo esclavo en la producción de prendas”, según declaró el sacerdote Mario Videla. Fue así que en esa primera charla los participantes comenzaron a discutir mecanismos para llevar a cabo el diagnóstico del trabajo en los talleres de la empresa y la posterior certificación, a cargo de especialistas en asuntos laborales. Con ese objetivo estaba presente en la reunión el abogado Fernando Gelfo, que fue funcionario de la Dirección de Protección del Trabajo porteño durante la gestión de Jorge Telerman y ahora integra la Fundación La Alameda.

La segunda reunión se hizo en octubre, en la sinagoga ubicada en Paso y Corrientes, donde se sumó a la mesa el responsable del templo, el rabino Damián Karo. En esas reuniones, según las declaraciones testimoniales, Bonomi manifestó que la empresa tenía setenta talleres, donde –aseguró– no había trabajo esclavo. Invitó a todos a visitar esos talleres, aunque no llegó a proporcionar las direcciones de los mismos. Y aseguró que si durante esas visitas “se encontrara trabajo no digno en alguno de ellos, no lo toleraría y desafectaría los talleres inmediatamente”, recordó el rabino Karo.

Las reuniones continuaron y en enero, sin que hubieran empezado las visitas a los talleres de Kosiuko, se presentó en La Alameda una pareja de trabajadores de nacionalidad boliviana. Denunciaron que habían sido traídos bajo promesa de buena fe pero terminaron trabajando bajo un régimen de servidumbre en un taller ubicado en el barrio de Flores, que trabaja para la firma Kosiuko. Oscar Mamani y Concepción Pajarita Marca, los dos costureros, relataron que habían trabajado durante un año en el taller ubicado en Crisóstomo Alvarez al 3900, donde cumplían un horario de 7 a 22 y dormían o descansaban el resto de las horas en un cuartito que ellos mismos construyeron en ese lugar. Dijeron haber cobrado entre 600 y 900 pesos mensuales, que sólo podían salir de allí después del sábado al mediodía y el domingo, y denunciaron que los echaron sin pagarles ninguna indemnización. La pareja quería volver a Bolivia, donde quedaron sus hijos, y no tenía medios para regresar.

Al conocer la situación, los integrantes de la mesa de diálogo convocaron a una nueva reunión. Fue el 9 de enero, en la parroquia de los Inmigrantes. Esta vez no concurrió Bonomi sino, en su representación, Marcelo Gallardo, gerente general de Kowsef SA. También estaban los dos trabajadores bolivianos, que volvieron a relatar su situación. Allí relataron que el taller donde trabajaban recibía las prendas a confeccionar de otro taller, y que las confecciones terminadas eran retiradas por la encargada de ese lugar, a quien conocían como Andrea, con un apellido oriental.

Según coinciden los participantes, Gallardo aseguró que el taller no trabajaba para su firma. Y cuando Concepción Pajarita le mostró una de las etiquetas con la marca Kosiuko que ellos colocaban en las prendas que fabricaban, el representante de la empresa sugirió que podrían ser falsificadas. Entonces, delante de todos los presentes, la mujer le pidió a Gallardo que mostrara la etiqueta de la remera que llevaba puesta, de la misma marca. Así todos pudieron ver que eran iguales y que la única diferencia era un número que identificaba el taller donde se confeccionaba. Las etiquetas de Mamani y Pajarita pertenecían al taller número 14. También mostraron moldes para la confección, los mismos que distribuye la empresa entre sus talleres.

“Entonces, Gallardo se comunicó por handy con gente de la empresa, y le confirmaron que el taller 14 está a cargo de una tal Andrea, cuyo apellido es Miyawawa”, relató a Página/12 Gabriel Seisdedos, de la Fundación Judaica, uno de los presentes en la reunión.

“Ese taller, registrado por la empresa, tercerizaba su producción en otros, no registrados”, explicó Vera, de La Alameda. La Ley de Trabajo a Domicilio, de todas formas, haría responsable a la empresa principal por las irregularidades cometidas.

Ante las evidencias, la empresa aceptó indemnizar a la pareja. Gallardo propuso una suma de 20 mil pesos, que fue rechazada por los abogados que asesoran a La Alameda: estimaban que correspondían, para los dos trabajadores, unos 71.000 pesos. “Finalmente, en una reunión posterior, donde no vino el señor Gallardo, Tosunian, de la Asociación Interrupción, manifiesta que la empresa está dispuesta a pagar 51.000 pesos”, relató Seisdedos.

El pago nunca se hizo efectivo y entonces se inició un cruce de telegramas que dio por finalizadas, en forma automática, tanto las negociaciones por el caso de la pareja de costureros como por la certificación de los talleres de Kosiuko. Ante el conflicto, la asociación Interrupción informó que Tosunian ya no pertenecía a su directorio aunque realizaba consultorías para la entidad.

Pero las cosas no quedaron ahí. La fundación La Alameda llevó la denuncia a la Defensoría del Pueblo porteña, que citó a declarar a Mario Videla, a Damián Karo y a Gabriel Seisdedos. También incorporaron un video tomado por una cámara oculta por los trabajadores despedidos, cuando fueron a buscar sus pertenencias, donde quedarían en evidencia las condiciones del lugar donde trabajaban. A partir de esas declaraciones, los abogados de la Defensoría presentarán hoy una denuncia penal por el delito de reducción a la servidumbre, y por infracción a las leyes de Migraciones y de Trabajo a Domicilio. La denuncia podría unificarse con la causa iniciada en 2006, que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.

En tanto, Concepción y Oscar, los inmigrantes involucrados en el caso, están albergados provisoriamente por la Organización Internacional para las Migraciones.

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