La empresa elegida por Pulti para "el recupero" había sido allanada por lavado de dinero

Tal como adelantó 0223.com.ar, el gobierno de Pulti impulsa la privatización del recupero de deuda de tasas en el Partido de General Pueyrredon. Para eso, en los próximos días, la administración municipal firmará un contrato con BAPRO Mandatos y Negocios SA, una empresa del Banco Provincia que fue allanada por el posible delito de lavado de dinero en el marco de la causa de la mafia de los medicamentos truchos que involucra al dirigente gremial Juan José Zanola.
LA EMPRESA ELEGIDA A DEDO

El gobierno municipal intentará privatizar el recupero de deuda de tasas, que asciende a los 251 millones de pesos entre los contribuyentes que están en mora o en etapa prejudicial, según se reflejó este martes en la edición del Diario El Atlántico.

Además, el matutino marplatense indicó que "la intención oficial es obtener unos 40 millones anuales de ese stock y subir la cobrabilidad del 62,8 –el índice actual- al 70 por ciento. Para eso, en los próximos días la administración firmará un contrato con BAPRO Mandatos y Negocios, una empresa del Banco Provincia".

De acuerdo con el boceto de contrato la idea es que, según precisó el diario local, transcurridos los cien días de que un contribuyente no ha pagado la tasa por Servicios Urbanos o por Seguridad e Higiene, se le entregue la gestión de cobranza a Bapro Mandatos y Negocios. El costo para el Municipio sería de un 11 por ciento (más IVA) de los montos que efectivamente cobre la empresa.

"La idea es mejorar la gestión de cobranza de las cuentas que están en mora a través de llamados telefónicos, misivas y notificaciones. Va a haber una mayor agresividad con aquellas cuentas que tienen mayor capacidad contributiva", afirmaron desde el Ejecutivo Comunal.

Un contrato similar al que se firmará por las principales tasas del Municipio se rubricará por los derechos de Publicidad y Propaganda. La Comuna recibe hoy unos 3,5 millones de pesos por ese concepto. En forma optimista, desde el gobierno municipal indicaron que podría saltar a 30 ó 35 millones con la nueva gestión de cobranza.

En este caso, la principal consigna que tendrá la empresa del Bapro es hacer un relevamiento de los contribuyentes que deberían pagar el derecho. De lo que recupere se quedará con un 17 por ciento (más IVA) de comisión.

EMPRESA ALLANADA

En septiembre de 2009 por orden del juez federal Norberto Oyarbide, la policía federal allanó las oficinas de BAPRO Mandatos y Negocios SA, en la calle porteña Carlos Pellegrini 91.

En el procedimiento, según reflejó un cable de la Agencia DyN, se secuestró documentación que "tiene que ver con la investigación del posible delito de lavado de dinero" en el marco de la causa de la "mafia de los medicamentos" que involucra al dirigente sindical Juan José Zanola, quien se encuentra detenido.

Dos personas del juzgado que preside Oyarbide recogieron documentos válidos por unos 200 millones de pesos en obligaciones de pago.

Además, se incautaron "órdenes de pago irrevocables garantizadas", es decir documentos relativos al fideicomiso a través del cual la droguería San Javier sospechosa de haber vendido medicamentos oncológicos y contra el sida adulterados, pasó a ser el principal proveedor de la Obra Social Bancaria.

En rigor, el juez Oyarbide dispuso el allanamiento a la sede de BAPRO Mandatos y Negocios SA, que intervino en la firma de un fideicomiso con la Obra Social Bancaria (Osba) para que esta entidad -que tenía sus cuentas en rojo- pudiera pagar a sus proveedores en base al dinero que ingresaba al sistema.

El 13 de agosto de 2008, el día en que los tres jóvenes empresarios del negocio de droguerías aparecieron asesinados a balazos, la Asociación Bancaria y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) conformaron un fideicomiso millonario por el cual la droguería San Javier se transformó en la principal beneficiaria para abastecer de remedios oncológicos y para hemofilia, de alto costo a la obra social de los bancarios.

El fideicomiso, que luego fue objetado por el Ministerio de Salud, fue rubricado ese mismo día por Zanola y el presidente del BAPRO Mandatos y Negocios SA, Lisandro Catalán.

"EL ACUERDO CON EL GRUPO BAPRO ES PÚBLICO, TRANSPARENTE Y MEJORA LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD"

Lo aseguró el concejal oficialista, Leandro Laserna, quien respondió a las críticas que hizo la edil radical Vilma Baragiola, en las que calificó al anunciado acuerdo del Municipio con la empresa del BAPRO Mandatos y Negocios SA, como "negocio".

"Es lamentable la ignorancia que se observa en este tema", dijo Laserna al tomar conocimiento de las expresiones que hizo públicas la concejal de la UCR, Vilma Baragiola, respecto de la "relación institucional" que se lleva adelante con el Grupo BAPRO.

"Por eso –subrayó el concejal de AM en un comunicado de prensa enviado a la redacción de 0223.com.ar-, es muy importante hacer algunas consideraciones. En primer lugar, debe saber la Señora Baragiola que el 9 de octubre último, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de General Pueyrredon y el Banco Provincia Buenos Aires, con el fin de implementar acciones conjuntas que permitan la adecuada gestión de sus respectivos recursos e intereses, entre los que se establece, en forma expresa, brindar asistencia para lograr una mayor eficiencia en la administración tributaria municipal".

"Dentro de los alcances de dicho acuerdo -votado unánimemente por todos los concejales-, se está avanzando en un convenio Interinstitucional para realizar un seguimiento mucho más profesionalizado en la etapa prejudicial de recupero de deuda y para mejorar sustancialmente la verificación del hecho imponible en la Tasa de Publicidad y Propaganda", agregó.

"Entonces –remarcó-, caracterizar de privatizador un acuerdo con una de las Instituciones Públicas más antiguas y respetadas de nuestro país refleja una ignorancia realmente preocupante en un funcionario público".

"Lo que una Administración transparente debe evitar es el manejo discrecional o 'a dedo' de los recursos públicos, como ha sido el histórico otorgamiento de mandatos para el cobro de deuda pública a profesionales que, en algunos casos, el único antecedente habilitante que registraban era ser amigos de la gestión de turno", aseguró Laserna.

"Evidentemente, hay quienes siguen añorando las épocas en las que la Municipalidad apenas recaudaba para hacer frente a los gastos estructurales, con gestiones especializadas en dejarnos sin iluminación, con las calles rotas, las salas de salud inutilizadas y un retraso absoluto en todas las áreas municipales", recordó.

"El BAPRO es una de las Instituciones Públicas más antiguas de la República Argentina. Tanto que cuando en 1860 la Provincia de Buenos Aires se unió al resto de la Confederación se dispuso una cláusula especial en la Constitución para garantizar el respeto a este status quo del Banco", explicó.

"Cualquier acuerdo institucional que pueda realizar la municipalidad con el Grupo BAPRO se encuentra respaldado por la absoluta seriedad que caracteriza a la prestigiosa entidad pública de nuestra provincia y, en este caso particular, con claro espíritu de utilizar su vasta y valiosa experiencia para volcar los frutos del acuerdo en más beneficios para nuestra ciudad", añadió.

"Es llamativo que alguien se sorprenda de una relación Institucional de vieja data, no solo aprobada unánimemente en el Concejo Deliberante, sino plasmada a través de diferentes acuerdos, como por ejemplo la contratación de la ART , la caja de ahorro para que cobren los empleados municipales, la adquisición de distintos tipos de utilitarios y maquinarias con Provincia Leasing, la contratación de seguros con Provincia Seguros y la concreción del fideicomiso a los fines de tener fondos para el arreglo de calles. Huelga decir que jamás se ha escuchado a nadie decir que nos encontrábamos en esos casos ante privatizaciones", afirmó el concejal de AM.

"El convenio que se está trabajando con el grupo BAPRO tiene antecedentes positivos en numerosos municipios de la Provincia pues ha mejorado notablemente el recupero de deuda en estado de mora y ha multiplicado hasta en trece veces la verificación del hecho imponible en relación con la Tasa de Publicidad y Propaganda. En promedio, los diversos municipios que han llevado adelante este acuerdo institucional para la verificación y fiscalización en materia de Publicidad y propaganda han acordado un 34 % de participación a la entidad financiera, mientras que en nuestro caso se están haciendo todos los esfuerzos para que dicha participación sea de aproximadamente del 17 %", remarcó.

"Así las cosas, claramente debemos preguntarnos por qué molesta tanto que se propicie una mejora en la fiscalización respecto del cobro de la tasa de Publicidad. ¿No nos debe interesar a todos proteger las arcas municipales?", se preguntó el edil.

"Lamentablemente, el apuro por salir primeros a realizar críticas está impidiendo a algunos concejales nutrirse de información mínima, que les evite caer en un preocupante grado de ignorancia frente a acontecimientos que son absolutamente beneficiosos para los marplatenses", finalizó Laserna.

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