Por Federico Bernal.

Una resolución de la Secretaría de Energía de 2002 autoriza a Cammesa a restringir y eventualmente a cortar el suministro a jurisdicciones cuyas distribuidoras (empresas y cooperativas) contraigan una deuda tal que alcance niveles de morosidad crónica. Dicha normativa recién volvió a cobrar vigencia al haberse decretado el fin de la Emergencia Económica, en enero de 2018. Se comienza con una reducción de la tensión, luego con un corte de 1 hora cada tres días y así hasta el corte total. Quedan excluidos los hospitales, centros de salud, usuarios electrodependientes y entidades vinculadas a la seguridad.

Algunas de las provincias que ya están sufriendo la extorsión de Cammesa son Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Neuquén y Río Negro. A través de solicitadas públicas, se intima a sus respectivas distribuidoras a disminuir un 10 por ciento su consumo de energía a partir de una determinada fecha. La primera en sufrir los embates fue Chaco, en febrero pasado. Al 31 de diciembre de 2018, la deuda global de las distribuidoras con la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista era de 19.507 millones de pesos. Dos meses y medio después (al 19 de marzo pasado), la deuda había ascendido a 29.687 millones, es decir, un incremento del 52 por ciento. Entre las primeras deudoras figuran Secheep (Chaco) con 5574 millones; DPEC (Corrientes) con 4540 millones; EMSA (Misiones) con 3539 millones; Edersa (Río Negro) con 2874 millones y Edemsa (Mendoza) con 2729 millones.

Los hogares cerraron 2018 consumiendo 0,3 por ciento menos de electricidad que en 2016. Al primer bimestre de 2019, la demanda residencial –que se desplomó 5 por ciento a nivel naciona– cayó en 18 provincias de las 22 interconectadas eléctricamente (Tierra del Fuego no figura). En igual dirección, la demanda de electricidad del sector industrial terminó 2018 registrando una caída del 1,3 por ciento interanual. La diferencia respecto de 2015 es de -4 por ciento, mientras que de -3 por ciento en relación a 2013. El consumo para esta categoría cayó en 2018 respecto de 2015 en 14 provincias de las 22 del Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).

No obstante la debacle eléctrica del país y el vertiginoso empobrecimiento energético de la mayoría de la población no da tregua. En fin, debe saberse que el régimen neoliberal, el mismo capaz de gastar 7000 millones de dólares en molinos eólicos y paneles solares importados, a la sazón fabuloso negocio financiero para un puñado de socios de Macri, empresas chinas y europeas, así como fondos de inversión extranjeros, es capaz de obligar a reducir todavía más el consumo eléctrico a industrias, comercios y hogares devastados por la crisis macrista en provincias aún más devastadas, por una deuda de aproximadamente 420 millones de dólares (a una cotización de 45 pesos por dólar).

Para tomar conciencia, cabe recordar que fueron 218 millones de dólares los otorgados por el entonces ministro Juan José Aranguren en diciembre de 2016 a las distribuidoras de gas a cuenta de las Revisión Tarifaria Integral. También mencionar los subsidios al gas no convencional casi exclusivamente absorbidos por Rocca (Techint) y Eurnekian (CGC) por más de 700 millones de dólares en 2018. Finalmente, y no menor, la condonación de la deuda de distribuidoras con Cammesa a fines de 2016 por cerca de 20.000 millones de pesos, de los cuales EPEC fue la más beneficiada (5400 millones), seguida por las distribuidoras porteñas y bonaerenses (Edenor, Edesur y Edelap) por cerca de 3400 millones.

A esta altura casi no queda distribuidora que no esté endeudada, con algunas alcanzando cifras impagables. El Poder Ejecutivo ya no perdona: la Secretaría de Energía hace su aporte al déficit cero, cueste lo que cueste.

* Director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).