Durante una reunión de la que participaron miembros de la Uocra, representantes de los trabajadores de la empresa Incovi, el subsecretario de Fiscalización Alfredo Batule y una abogada representando a la empresa, se trató el conflicto por falta de cumplimiento en el pago de los salarios y la precaria situación laboral en la que están los trabajadores.

Incovi puso sobre la mesa una propuesta de pago de las quincenas adeudadas, la que fue inmediatamente rechazada tanto por los trabajadores contratados, como por la Uocra. "Lo que nos propusieron fue el pago de $8.000 a cada uno para que nos retiremos del predio de los piletones. Quieren que les permitamos a ellos continuar con los trabajos con otro personal que sería contratado en Salta, y que al final de la obra nos cancelarían todo, algo que fue inmediatamente rechazado porque la deuda supera los 40.000. Además, sabemos que si nos retiramos no vamos a cobrar nunca más", manifestó Enrique León, un representante de los trabajadores. El conflicto comenzó a principios de agosto cuando los 14 empleados contratos por Incovi para la realización de la ampliación de la Planta Potabilizadora de Agua de Campo Santo, iniciaron una medida de fuerza en reclamo por la falta del pago de los haberes correspondientes al último mes, además de precarización laboral y promesas incumplidas, entre ellas, la entrega de indumentaria y elementos de seguridad. El monto final para la construcción de los piletones es de $100 millones, una suma que, para quienes conocen de obras, estaría sobrefacturada. El pago por quincena a los trabajadores es de $9.000, muy poco para una tarea de esa magnitud.

La obra sería muy beneficiosa para todo el departamento, ya que podría terminar con los problemas en el suministro de agua potable, especialmente en los meses de verano. Los actuales piletones no cumplen con la demanda debido al crecimiento demográfico de los últimos años. Para poder brindar una solución al problema de escasez de agua, se gestionó la ampliación de la planta potabilizadora en varias oportunidades. Hubo un primer intento con un proyecto por 35 millones, pero no llegó a concretarse; luego vino un segundo con un monto superior que tampoco llegó a buen puerto. Para este nuevo proyecto el Gobierno provincial obtuvo los fondos de Nación por un monto total de $100 millones.

"Para nosotros esa propuesta de pago fue una burla, por supuesto que la rechazamos inmediatamente y ahora esperamos por una nueva reunión que aún no tiene fecha. Estos trabajos van a ser un beneficio para los tres municipios, entonces les pedimos a los tres intendentes que nos apoyen, también a los legisladores, que van a cortar la cinta cuando se inauguren, pero no saben lo que sufrimos nosotros para que la población disfrute de un buen servicio de agua potable", expresó León.

También los trabajadores denunciaron amenazas por parte de la abogada representante de la empresa Incovi. "Ella nos amenazó con hacernos una denuncia penal y enviarnos gente para que nos desaloje, pero les recuerdo que estamos en un predio que pertenece a Aguas del Norte. A ellos los hacemos responsable por lo que nos llegue a pasar", expresó.