Empleados públicos: entre la paralización y la inequidad

Gremialistas, la oposición y el Ministro de Gobierno coinciden en que es necesario mejorar la situación de los trabajadores
Las mejoras salariales no son la única preocupación de los empleados de la Administración Pública, ya que esperan desde hace tiempo una política estatal que permita jerarquizar y mejorar sus recursos humanos.

En la actualidad el Estado riojano concentra aproximadamente a 70 mil empleados públicos agrupados en diferentes categorías y que reflejan, en muchas casos, una situación de inequidad. A lo cual se suma que en otros casos, fueron una herramienta para sortear crisis económicas como una modalidad de ingresar al Estado. Este último es el caso de los planes sociales.

Contratados y empleados de planta cumplen, en distintas reparticiones, las mismas responsabilidades pero no gozan de los mismos derechos laborales, como por ejemplo, el de acceder a una futura jubilación.

En una Provincia dependiente de los recursos nacionales debatir sobre las condiciones de los trabajadores estatales remite directamente a pensar en las arcas estatales y en la erogación de más dinero. Mensualmente el Gobierno paga 100 millones de pesos en concepto de salarios.

A partir de este año 2009 el gobernador Luis Beder Herrera anunció un proceso de recategorizaciones que no generó expectativas en los gremios que nuclean a los estatales, porque la mayoría considera que no mejora sustancialmente su situación.

Decreto ley

El decreto ley de un Gobierno de facto rige para los empleados de la Administración Pública y hasta el momento ninguno de los gobiernos democráticos habilitaron una discusión para derogarlo y establecer una nueva legislación.

En el 2006 el diputado Jorge Machicote presentó un proyecto de derogación y creación de un Estatuto de Escalafón para los empleados públicos. La iniciativa ingresó y pasó a comisión, pero está ahí desde hace más de tres años.

La iniciativa del legislador propone generar un nuevo cuerpo integral que vaya "más allá de una simple ley enmarcada en los derechos y obligaciones de la gente". "El objetivo es asegurar la legalidad de la acción de la Administración Pública, sin que los empleados esperen un reconocimiento de la apreciación discriminal y a veces arbitraria de los funcionarios", aclara.

Opiniones

El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Carlos Luna reconoció a NUEVA RIOJA que existe inequidad en la Administración Pública porque hay contratados con distintos montos y también personal de planta haciendo la misma tarea, pero con distinta remuneración.

"Eso genera una especie de pacificidad o bajan los brazos y va decayendo la actividad. Hoy la administración es inequitativa. Tenemos contadores que hacen la misma tarea en un lado y luego en otro y cobran montos distintos y eso, va a ojos de buen cubero".

Luna afirmó que es necesario modificar el decreto ley 3870 ó firmar un convenio con capítulos específicos de acuerdo a cada sector de la Administración Pública.

Para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales (SITRAPP), Carlos Laciar, directamente "no existe la carrera administrativa y no hay incentivos para el empleado público".

Mientras que Carlos Euliarte, secretario general de la Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP), denunció que "en la mayoría de las reparticiones los empleados están sometidos a la arbitrariedad de los Directores".

Por su parte, Guillermo Galván, diputado electo por el Frente Cívico y Social, que llegará a la Cámara de Diputados en noviembre próximo, reclamó que los empleados públicos deben ingresar por concurso al Estado.

El Gobierno, los sindicatos y la oposición coinciden en un punto: la carrera administrativa es una cuenta pendiente que el Gobierno mantiene con los empleados de la Administración Pública Provincial.

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