La denuncia contra Enrique Alberto Gianinetto (44 años, nacido en Huinca Renancó) fue promovida en julio de 2010 por el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Quemú Quemú, Alberto Armando Constantini. La causa se investigó en el Juzgado de Instrucción y en lo Correccional N° 5 de General Pico.

La pena impuesta por la presidenta del tribunal, Alejandra Flavia Ongaro (foto), en ejercicio de la jurisdicción unipersonal, se dio a través de un juicio abreviado que fue acordado por el fiscal de Cámara, Jorge Marcelo Amado, el defensor oficial, Alejandro Osio, y el propio imputado, quien reconoció los hechos.

La jueza dijo en el fallo que Gianinetto, después que sustraía el gas oil del camión volcador del municipio que estaba a su cargo –por su condición de chofer–, lo colocaba “en bidones de 20 litros que fueron encontrados en las cercanías del basurero local, lugar donde el imputado consumó el accionar ilícito”.

El propio Constantini declaró que siguió personalmente a Gianinetto cuando conducía el Mercedes Benz hacia el basurero (“sin tener autorización para ir a ese sitio”) y que luego encontró tirado a pocos metros, en una calle vecinal, un bidón de 20 litros vacío, por lo que presumió que fue arrojado por el imputado.

Al día siguiente un policía también lo siguió por orden de su superior y observó in fraganti a Gianinetto bajando del vehículo, colocándose debajo de él y dejando algo entre unas malezas. Inmediatamente constató que había ocultado allí dos bidones de gas oil de 20 litros.

Ongaro consideró “muy importante los términos de la denuncia inicial de Constantini, así como el testimonio prestado por él” ya que sus dichos “se han visto absolutamente corroborados con lo actuado” por la policía, que procedió a secuestrar los bidones.

La jueza consideró que con su accionar el empleado quebrantó “la confianza que se le había dado para su cargo” (agente municipal de planta permanente), ya que al consumar el peculado “violó el deber de custodia que tenía para esos bienes”, en alusión al combustible.

Además de los dos años en suspenso, la Cámara le impuso al acusado la obligación de fijar residencia por el mismo plazo, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad en caso de incumplimiento.