La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, suspendió el 10 de abril a uno de sus principales colaboradores, Guillermo Bellingi, imputado como ella en una causa judicial que investiga posibles delitos de corrupción en el proceso de compra del “nuevo” edificio de la Procuración General de la Nación, donde ambos trabajan. En el escrito en el que se informó sobre el apartamiento preventivo de Bellingi, él es mencionado como Subdirector General de la Procuración General. El dato es correcto, pero incompleto. Por orden de Gils Carbó, el funcionario también era el encargado del Área Técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Eso significa que, hasta su suspensión, trabajaba como contador “colaborando” con los fiscales que están al frente las causas por lavado de dinero y de crímenes financieros. Un fiscal que lo conoció en ese rol describió así el papel que tenía Bellingi en la PROCELAC: “Es grave: accedía a todos los datos sensibles o que investigamos en causas que tienen que ver con finanzas o blanqueo de dinero ilegal”.

El día que fue suspendido por su jefa, la casa y la oficina en la PROCELAC de Bellingi aún no habían sido allanadas por el fiscal Eduardo Taiano, quien junto al juez Julián Ercolini lo investigan como uno de los principales protagonistas de la sospechosa compra del edificio de la Procuración. Eso pasó 48 horas después.

El inmueble que investiga la pesquisa judicial es la sede de la jefatura del Ministerio Publico Fiscal. También fue objetivo de los allanamientos ordenados por Taiano, subordinado de Gils Carbó pero no alineado a su agrupación K, “Justicia Legítima”.

El fiscal buscó en esos sitios computadoras y documentación que pudo haber manejado Belling y que tal vez tengan aun información sobre el proceso de compra del inmueble de Perón 667, en 2013.

Esa propiedad fue adquirida por el Estado por decisión de Gils Carbó, mediante una licitación cuyos ganadores –según los documentos que consta en el expediente-, parecían conocer de antemano el resultado de ese trámite burocrático, cuyo fin es preservar la transparencia en operaciones con fondos públicos. Dura lex, sed lex, dice en latín una frase del Derecho Romano, cuya traducción más común al castellano es la siguiente: “La ley es dura, pero es la ley”.

La Procuración General de la Nación ya tenía un edificio propio en La Recoleta, cuando Alejandra Magdalena Gils Carbó fue designada al frente del Ministerio Público por orden de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Eso pasó el 30 de agosto del 2012. A fines de ese año, la nueva Procuradora decidió mudar su organismo a un nuevo edificio a pesar de que sus antecesores siempre trabajaron en otro, ubicado en Barrio Norte.

La jefa de los fiscales impulsó una primera licitación para adquirir el inmueble en el que trabajaría a partir de su asunción, pero dio de baja ese proceso: en marzo del 2013, se abrió una repentina y nueva licitación para comprar la sede de la Procuración.

El Estado le compró a la familia Bemberg una de las casas en la que ese clan vivió durante décadas, por 43.850.000 millones de pesos.

La intermediaria oficial en esa operación fue la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry & Asociados. Cobró una comisión del 17 por ciento por ese trabajo, una cifra muy superior a la que se cobraba en el mercado. Quien se llevó la mitad de esa plata, alrededor de un millón de dólares, fue uno de los hermanos de madre de Bellingi, Juan Carlos Thill, un hombre dedicado a los seguros que nada tenía que ver con todo aquello. Nada, salvo ser el hermano de Bellingi.

Y también de otro ex funcionario nacional.

Eduardo Thill fue subsecretario de Tecnologías de la Gestión Pública durante las dos gestiones de Aníbal Fernández como Jefe de Gabinete de Ministros de los Gobiernos K (ver recuadro).

Es más, antes de ser subprocurador de la Nación, Bellingi era subordinado de su propio hermano Thill (Eduardo, no Juan Carlos, el que cobró la comisión por la compra del edificio en el que trabaja Gils Carbó). ¿Qué cargo tenía en la Jefatura de Gabinete? “Director Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones”.

Bellingi fue designado como subprocurador en septiembre del 2012. En agosto de ese año, había participado en Punta Cana del “IV Congreso Iberoamericano de Compras y Contrataciones Gubernamentales”. El título de ese foro fue éste: “Compras Transparentes para una Gestión Pública Eficiente”