Por fin empieza el juicio oral por el caso IBM-Nación

Finalmente, quince años después de producido, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno del ex presidente Carlos Menem tendrá su juicio oral. Se trata de las presuntas coimas pagadas y cobradas para la informatización de todas las sucursales del Banco Nación.
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) le puso la semana pasada fecha de inicio al juicio. Será el 25 de noviembre, exactamente dentro de 97 días, aunque todavía no está claro dónde se hará porque no hay salas de audiencias disponibles para este tipo de juicios.

La sala más adecuada de Comodoro Py, donde se hizo el juicio por el atentado contra la AMIA, estará ocupada con los juicios contra los represores de la dictadura. Ahora hay un juicio en marcha, por el I Cuerpo de Ejército, y más adelante comenzará el de los crímenes de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el de otros tres centros clandestinos de detención de esa época: Atlético, Banco y Olimpo.

En el juicio por la informatización del Banco Nación habrá quince acusados, con un total de medio centenar de personas en la sala, y se prevé que durará no menos de seis meses.

El "escándalo IBM-Banco Nación", como se conoció el caso, fue investigado por un juez que ya no es más juez, Adolfo Bagnasco, e involucró a las cúpulas de la entidad bancaria y de la multinacional de la informática, personas que ya no están más en esos cargos.

Las coimas, se presume que por un estimado de 21 millones de pesos/dólares, se habrían canalizado a través de firmas subcontratadas para ejecutar las obras. El contrato fue por un total de 249 millones de pesos/dólares a cambio de la informatización de las 525 sucursales que tenía la entidad en aquel momento.

Si bien los miembros del tribunal (Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Oscar Hergott) calificaron la acusación de "administración infiel" no descartaron que durante el juicio surjan evidencias para imputar a los procesados por el delito de cohecho, es decir coimas. En ambos casos, la pena máxima es de seis años de prisión.

Los acusados fracasaron en su intento de anular el juicio bajo el argumento de que la eventual pena había prescripto. Pero los jueces del TOF3 dijeron que la fecha en que uno de ellos había dejado la función pública evitaba la prescripción. La Cámara de Casación confirmó la decisión con otros argumentos y la Corte Suprema ni siquiera aceptó revisar el fallo.

El escándalo se conoció por una denuncia periodística y una investigación de la DGI. Uno de los acusados, Juan Carlos Cattáneo, había sido colaborador del por entonces secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. Y su hermano, Marcelo Cattáneo, apareció muerto en un aparente suicido en medio de la investigación.

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