Por Ricardo Carossino

El jueves, las autoridades de Edelap, junto a las de las distribuidoras Edes, Edén y Edea, deberán explicar ante usuarios, defensores del consumidor, funcionarios, intendentes, legisladores y gremios por qué decidieron aumentar las tarifas entre un 140 y un 200%. Tendrán que aclarar si el nuevo cuadro tarifario está orientado a mejorar un servicio hoy deficiente o si, por el contrario, lo que se busca es rescatar a una empresa deficitaria, rayana a la quiebra.

Este será el eje principal a debatir en la audiencia pública que pasado mañana, desde las 11, tendrá lugar en el estadio José María Minella de Mar del Plata, como parte de un mecanismo de participación ciudadana que debió haberse realizado previamente a los aumentos. Por la ausencia de este paso elemental para la información de los usuarios es que, el 13 de julio pasado, un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, suspendió los aumentos en la Provincia. A su vez, el juzgado N° 11 en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad también frenó por tres meses la aplicación del tarifazo eléctrico para el interior bonaerense.

Según lo informado por el Oceba, su titular, Jorge Arce, presidirá el encuentro en el que se esperan unas 150 personas.

“Para el Oceba es la primera vez en casi 20 años que se convoca a una audiencia pública”, remarcó Arce, quien afirmó que son “respetuosos de los temas judiciales” y admitió que el usuario común está “confundido”. “Esperemos que con la realización de la audiencia todo se vaya aclarando, porque en este último mes hemos estado instrumentando medidas judiciales y hemos perdido tiempo en incluir a más usuarios a las tarifas sociales”, añadió el titular del organismo.

Según lo trascendido, el Gobierno, por intermedio de Arce, será el encargado de romper el silencio. Luego, la Dirección de Energía explicará los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos del aumento de tarifas en la Provincia. Seguirán las distribuidoras de energía que trabajan en la Provincia, los usuarios y las asociaciones de consumidores.

Entre los anotados para hablar aparecen, además, el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el de Guaminí, Néstor Álvarez. En tanto, en representación del gobierno de Bahía Blanca irá el secretario de Obras Públicas, Guillermo Marique. La lista de legisladores la integrarán diputados como Néstor Pitrola, el senador provincial Patricio García, y el diputado provincial Marcelo Torres (presidente de la Comisión de Energía), además de concejales de distintos distritos.

También confirmaron su asistencia el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Héctor Bassano, y el titular de la Federación Económica de la Provincia (FEBA) y vicepresidente segundo de la CAME, Raúl Lamacchia.

El tarifazo del gas

A pesar de que Marcos Peña, cuasi Presidente de la Nación, salió a decir que habrá tarifazo sí o sí por el gas, ya intervino la Justicia y el presidente de la Sala de Feria de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Lemos Arias, pidió todas las causas que se tramitan en el país contra la suba de tarifas de gas.

El magistrado libró 46 oficios a tribunales de diversas jurisdicciones de Argentina, a los fines de pedirles las causas que tramitan ante esos estrados para cumplir con la acumulación ordenada en la sentencia del 7 de julio pasado por la cual anuló la suba de la tarifa del gas y ordenaron retrotraer la situación previa a las subas.

Lo hizo en el marco de la causa del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad  (CEPIS), el cual tiene alcance nacional y fue la primera del país en ser inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, la Justicia Federal local habilitó la feria para tratar el pedido de medida cautelar contra la resolución que fijó un tope del 400% en la suba del gas. La medida fue resuelta por el titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, al admitir el pedido de CEPIS.

El titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó una medida cautelar que pedía la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la nación y dio validez al aumento en la tarifa del gas con topes del 400 y 500 por ciento.

El pedido de suspensión del nuevo tope había sido formulado por la fiscal federal platense, Ana Russo, basándose en que, al igual que el tarifazo inicial, el tope fue establecido sin pasar por las audiencias públicas que exige la normativa vigente.

“Al expedirme en la causa citada señalé que el propósito de la resolución 28/2016 es el de hacer cumplir un objetivo de política de Estado consistente en procurar la exploración e inversión, y con respecto a los usuarios, un uso racional y eficiente del recurso, incentivando el ahorro en el consumo, al tiempo que  prevé beneficios para aquellos que  reduzcan su demanda, preservando la sustentabilidad del sistema”, señala el magistrado en su resolución.

Horas antes de fallar a favor de los topes impuestos por el Gobierno nacional, el magistrado había aseverado en una nota periodística que hay “una grave crisis energética” en el país que nadie puede desconocer, lo que le planteaba un “gran dilema” porque “hay otro problema, tal vez más grave, que es que muchas familias no pueden pagar los aumentos”.

Recondo fundó su fallo contra la cautelar pedida por el Cepis en que ayer el Ministerio de Energía decidió instruir al Enargas a no facturar con ningún aumento, hasta tanto judicialmente sea avalado por la decisión que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia.

Diversos especialistas se encargaron de señalar que, a pesar de que el fallo autoriza la implementación del tope, el mismo no tendrá ninguna clase de validez mientras no se expida el Máximo Tribunal. Sin la sentencia definitiva de la Corte, nada de lo que se haga en el camino tendrá injerencia ni se podrá llevar a cabo en la práctica.

El magistrado, además, ordenó remitir su decisión a la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y a la fiscal Russo, quien había solicitado que se suspendan los topes impuestos por el área conducida por Aranguren.

RECUADRO

Kirchneristas piden suspender audiencia pública por falta de legitimidad

El tema de los tarifazos tuvo su primera irregularidad a partir de que el Presidente Mauricio Macri no cumplió con la ley que exige audiencias públicas previas que autoricen los aumentos de los servicios como la luz, el gas y el agua, por eso esta decisión política salió viciada desde su origen.

En ese escenario, el bloque de diputados provinciales del FpV-PJ, que encabeza Walter Abarca, presentó una nota al OCEBA para solicitar la suspensión de la audiencia pública que se llevará a cabo mañana en Mar del Plata. En el escrito indicaron que “la misma carece de andamiaje jurídico y su realización implica desconocer una resolución de la Justicia Federal”.

Los diputados bonaerenses del FPV-PJ, que impulsaron la medida cautelar que ordenó frenar, por el término de tres meses, los incrementos en las tarifas de luz de la provincia de Buenos Aires, requirieron esta tarde al titular del OCEBA, doctor Jorge Arce, la inmediata suspensión de la audiencia pública que tendrá lugar este jueves en la ciudad de Mar del Plata.

En la misiva, los legisladores señalaron que “la Resolución Nº 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial es de aplicación imposible porque halla su origen y fundamento en dos normas -Resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación- que no se encuentran vigentes en el territorio de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a lo resuelto por el Juzgado Federal N°2 de la ciudad de La Plata en los autos “Abarca, Walter José y otros C/Estado Nacional – Ministerio de Energía y Minería y otro S/ amparo Ley 16.986”.

En este sentido, el titular de la bancada del FpV-PJ, Walter Abarca, advirtió que la audiencia pública convocada para este jueves debe quedar sin efecto porque la justicia anuló el aumento en el servicio de energía eléctrica de toda la Provincia y aún no está definida la cuestión de fondo.

“La misma carece de andamiaje jurídico y su realización implica desconocer una resolución de la Justicia Federal”, agregó Abarca y concluyó: “Apelamos a la responsabilidad legal y social del OCEBA”.