Empezó el canje de juicios políticos: Ediles a «cara descubierta» salvaron a Velázquez

En lo que «extrañamente» resultó uno de los procesos más cortos de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes, los ediles carlospacenses aplicaron ayer el llamado «espíritu de cuerpo» para salvar a Daniel Velázquez del juicio político por poseer una antena clandestina, y archivaron la denuncia que se había efectuado en su contra.
La decisión se tomó por unanimidad, luego de esgrimirse una serie de argumentos que, a prima facie, resultan -al menos- un tanto «cuestionables» sino irrisorios e incoherentes.

Los concejales a "cara descubierta" no le hicieron asco al papelón con tal de no verse involucrados en situaciones comprometedoras. Apelar al espíritu de cuerpo fue lo que no hizo Velázquez ni Avilés en el escándalo de los tribunos. Pero además, el descaro fue enorme cuando se produzca el mismo mecanismo para salvar a Sebastián Guruceta imputado por la Justicia.

Anoche en un sondeo telefónico realizado sobre cien vecinos carlospacenses el 90% reprobó la decisión de los concejales y trató a todos de la misma manera que trataba Guruceta a Velázquez días atrás. "Que tendrían que estar presos". También se consultó sobre para qué estaba la Carta Orgánica, y la mayoría dijo que para violarla como la violan los concejales.

Ayer, luego de celebrarse tres sesiones de aproximadamente una hora y media cada una, los integrantes de la sala acusadora, Alejandra Villafañe, Sebastián Guruceta, Adrian Lizarriturri, Raquel Merlino, y Amalia Gómez e Isabel Dutra, entendieron que reunieron los elementos y pruebas «suficientes» como para poder «desestimar» la denuncia. Como hilo conductor, los justificativos vertidos por cada uno de los ediles tuvieron el hecho de que «como la Justicia aún no se pronunció sobre la supuesta antena de telefonía clandestina», no correspondía que el Concejo hiciese un pronunciamiento sobre el mismo. Primera pregunta, ¿Para qué crearon la figura del juicio político en la Carta Orgánica?

Este punto dejó atónito a más de uno, teniendo en cuenta que la Sala Acusadora fue facultada para enjuiciar a los funcionarios y representantes públicos. Pero más allá de eso, sorprendió que tanto Sebastián Guruceta como Raquel Merlino, Isabel Dutra, Adrián Lizarriturri, Amalia Gómez y Alejandra Villafañe entendieran que el delito que se le «imputaba» a Velázquez era anterior a la sanción de la Carta Orgánica, por lo que consideraban que no se podía entender el hecho como una violación a la constitución local. Segunda pregunta, ¿Cómo. No persiste la antena escondida en el hotel del concejal. En estos meses, después de que jurara como edil cumplir con la Carta Orgánica, no cobró Velázquez el alquiler a la empresa Claro?

Como si la antena ya no estuviera más encima del Hotel Castell, los ediles hablaron del «principio de retroactividad de la ley» y sumaron un argumento más a sus votos negativos.

Asimismo, la Sala Acusadora consideró que las pruebas de descargo que presentó Velázquez eran más que suficientes y ni siquiera llamaron a declarar a la denunciante, Catalina Cosentino.

Con una «celeridad» imprevisible que no se correspondió con los plazos que demandaron los últimos tres pedidos de juicio político (contra los seis concejales, contra el intendente Carlos Felpeto y contra el tribuno Rolando Rodríguez), la sala apuntó primero que el presunto «delito» lo había cometido Marisa Casari, quien habría firmado el convenio con la empresa «Claro». Aunque luego, acabaron sosteniendo que también tenía responsabilidad la prestataria del servicio de telefonía celular, mientras que Velázquez «desconocía» completamente los convenios, la existencia de la antena y nunca utilizó su banca para el «beneficio personal». ¿Qué lógica analítica tuvieron los ediles?

«Al momento de firmarse el contrato, el concejal Velázquez no explotaba el Hotel Castell. Mientras que el contrato vigente se extiende hasta el 2010, pero no lleva la firma del acusado»; puntualizó sorpresivamente la representante de Encuentro y Participación, Amalia Gómez. La aguda y hasta ahora inclaudicable concejal no se preguntó quien cobra actualmente ni se preguntó qué responsabilidad tiene el propietario del edificio en caso que sea cierto que Casari haya formalizado el contrato. ¿Por qué no se la llamó a declarar a Casari?

Al término de la votación, la concejal radical Alejandra Villafañe expresó: «Se votó por unanimidad la no admisibilidad del juicio político contra el concejal Velázquez y básicamente, todo giró en torno a la ordenanza N° 4454, que como se expuso cuenta con acciones de amparo ante la Justicia Federal. Son medidas cautelares que suspenden la aplicación de esta ordenanza, hasta que sea resuelta la cuestión de fondo. Todavía no se ha resuelto por lo que no está en vigencia esta ordenanza. Esto significa que esta denuncia quedará archivada, como corresponde, porque se analizó la admisibilidad del pedido de acuerdo a la ordenanza N° 5131 y se resolvió que no se justificaba elevarlo a la Sala Juzgadora. Nosotros consideramos que no es admisible la solicitud y por eso archivaremos el pedido».

«No consideramos que el tiempo haya sido corto, porque yo desde el primer día que tuve contacto con la documentación se la acerqué a los miembros de la sala y la estuvimos estudiando desde hace, aproximadamente, quince días. Y bueno, consideramos que se analizaron todas las cuestiones, se aportaron las pruebas necesarias y que se debía tomar una resolución»; agregó la presidente de la Sala Acusadora que pese a ser abogada pidió que Guruceta le escribiera la absolución.

En tanto, uno de los defensores más entusiastas que tuvo Velázquez, el «pseudo juecista» Sebastián Guruceta aseveró: «Son varios los argumentos porque todos los concejales votaron por la no admisibilidad, pero sustentando sus votos en diferentes circunstancias. Lo primero que hay que señalar es que en este pedido de juicio político contra el concejal Velázquez, la Carta Orgánica exige que exista una sentencia firma, por el principio de inocencia, por lo tanto esta denuncia queda reducida al ámbito penal».

«Con respecto a lo que es la seria irregularidad en el ejercicio de sus funciones, es importante descartar que el contrato fue firmado en el 2005, cuando todavía no estaba en vigencia la Carta Orgánica, por lo que creo que no corresponde, en este caso, su aplicación. Estaba vigente la ley de Municipios y Comunas»; indicó Guruceta, quien añadió: «También entiendo y así lo he expresado que la Carta Orgánica entiende que la falta de ejercicio funcional es en el ejercicio de sus funciones como concejal, y no como particular. Yo entiendo que si un concejal o algún funcionario público puede ser sancionado con una multa o clausura, pero no cualquier circunstancia amerita el Juicio Político». Otra aberración del edil imputado, la Carta Orgánica prevee la suspensión transitoria del edil que esté acusado de inconducta, es decir acusado de un delito funcional.

«De todas formas, también hemos hecho una presentación judicial para que la Justicia investigue y se expida, para saber si esto constituye o no delito. El fiscal deberá proceder en su accionar y resolver esta cuestión y elevar su actuación al Juzgado Correccional o a la Cámara del Crimen, y se verá si tiene responsabilidad o no, pero en este momento es imposible, a través del Juicio Político, proceder a su destitución»; culminó el también letrado, que se encuentra imputado por la fiscalía de Ricardo Mazzuchi.

Otro error del concejal Guruceta, nadie exige la destitución de Velázquez, lo que la Carta Orgánica y las leyes, y opinión pública, y la coherencia, y el sentido común revela es que la sala acusadora admita que en una instancia superior como es la sala juzgadora, el edil ejerza su derecho a defensa en un proceso legítimo.

Denuncia penal

Catalina Cosentino, quien pidió juicio político a Velázquez, dijo anoche que se sintió burlada otra vez. Fue un bochorno y lo esperaba, porque en estos tipos no podemos confiar, señaló.

Anunció que denunciará penalmente a los concejales integrantes de la sala acusadora por presunto encubrimiento y pedirá al fiscal Gustavo Marchetti, que interviene en la investigación de Velázquez, que analice si no incurrieron en el delito de asociación ilícita porque ella cree que son necesarios ahora para que el presunto delito persista.

También pedirá al fiscal que cite a declarar a Marisa Casari, quien sabrá cómo traspasó el contrato de alquiler de ella a Velázquez a través de un documento privado firmado en una escribanía.

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