Emergencia: inconstitucionalidad y contrasentido

En Argentina la declaración de emergencia siempre significó por un lado acrecentamiento de las competencias del poder, y paralelamente, una restricción y debilitamiento de los derechos y de sus garantías tuitivas, pero siempre de conformidad con la doctrina judicial de la Corte Federal de que la emergencia no autoriza el ejercicio por el gobierno de poderes que la Constitución no le acuerda, pero sí proporciona ocasión para que las concedidas se empleen con un ejercicio pleno y a menudo diverso del ordinario.

Por Carmen Fontán - Especialista Derecho Constitucional.

Y, como contrapartida, la exigencia de un mayor control de razonabilidad por parte del Poder Judicial, que se constituye en el árbitro final de la “emergencia”. Con estos parámetros, analicemos la ley provincial 8.136 (de Subrogancias):

1)- La emergencia no puede significar otorgar competencias al Poder Ejecutivo que no tiene por la Constitución. Según el artículo 101 inciso 5º el proceso de selección de magistrados debe hacerse mediante concurso de antecedentes y oposición, con intervención de un Consejo de la Magistratura. El PE usurpa facultades que no le pertenecen constitucionalmente.

2)- El único habilitado para evaluar y declarar la emergencia era la propia cabeza del Poder Judicial. En los llamados tiempos del “corralito financiero” fue la propia Corte Federal la que evaluaba “la situación de marcada excepcionalidad que afecta en forma insuperable el normal funcionamiento de un tribunal de justicia” y resolvía tomar las medidas que eviten perjuicios a los litigantes mientras persista el impedimento (Acordada 3/2002, CSJN).

3)- Es absurdo que los otros poderes del estado se inmiscuyan en el ámbito de reserva de otro poder declarándolo en emergencia. Neutralizan de ese modo la exigencia del mayor control judicial en momentos de emergencia. Los jueces interinos serán hijos de la “emergencia” que después deberán controlar.

4)- La emergencia es una necesidad súbita, colectiva, grave y excepcional. No puede ser provocada por el propio Estado. En Tucumán, el poder político propició una avalancha de jubilaciones en el Poder Judicial. No solo con la adhesión a la ley 24.018, sino además con una reforma constitucional que diseñó un Jurado de Enjuiciamiento violatorio de los principios de estabilidad e independencia de los magistrados. Esta intencionalidad se percibe claramente en la redacción del artículo 2º de la ley 8.136, que permite a los magistrados, fiscales, etc., a aspirar a cargos superiores dejando vacantes los propios. De esa manera son más los “jueces interinos” que el PE puede nombrar por fuera de la Constitución y burlando la sentencia de la Corte local en el juicio promovido por el Colegio de Abogados.

La declaración de emergencia en el Poder Judicial ha profundizado el proceso de desconstitucionalización que padece la provincia. La Constitución local va perdiendo no solo su dignidad, sino incluso su operatividad. Como decía Mallea, “todo puede arrancarse a un pueblo, menos su entraña”. Esperamos que el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto reaccionen ante este nuevo atropello institucional.

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