La emergencia financiera se convirtió en algo permanente

La Legislatura declaró inembargables los recursos del fisco hasta 2009. 6.987 es el Nº de la ley que consolidó en 1999 las obligaciones asumidas por el Estado.
En las tres Salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y en la Corte Suprema de Justicia hay causas radicadas en las que se cuestiona la constitucionalidad de la ley que, en noviembre de 1999, declaró la emergencia económico-financiera del Estado provincial. Las demandas incluyen las normas que fueron sancionadas posteriormente y que tuvieron por finalidad prorrogar la vigencia de tal situación hasta el 31 de diciembre de 2009.

Originariamente, la Ley 6.987, promulgada el 12 de noviembre de 1999, establecía que el estado de emergencia iba a prolongarse sólo hasta el 31 de diciembre de 2001, con el fin de conjurar “las graves circunstancias económicas y sociales” que, entonces, padecía la Provincia.

El principal objetivo de la norma era consolidar las obligaciones vencidas, asumidas por el Estado, cuya causa o título operativo se remontaba al 31 de octubre de 1999, y que debían ser extinguidas mediante el pago de sumas de dinero (quedaban exceptuados las liquidaciones derivadas de procesos de expropiación o los pagos a proveedores). Esto incluía los compromisos asumidos por la administración centralizada, descentralizada, organismos autárquicos y cuentas de servicios especiales.

Como consecuencia, en aras de proteger los recursos del Estado, la norma preveía la suspensión de las ejecuciones de sentencias judiciales, actos administrativos, acuerdos o laudos arbitrales relacionados con las obligaciones alcanzadas por la consolidación.

La ley preveía que los titulares de derechos (frente al Estado) cobraran lo que se les adeudaba mediante títulos públicos a largo plazo. La otra opción era ingresar en un mecanismo de cobro directo -tramitado ante la Fiscalía de Estado-, pero sujeto a la disponibilidad de recursos en cada presupuesto anual.

Hasta 2009

Desde 1999, fueron sancionadas seis leyes que fueron prorrogando sucesivamente el estado de emergencia y, por ende, las previsiones de la Ley 6.987. La última es la Nº 7.975, del 28 de diciembre del año pasado, que ratificó la vigencia de la emergencia hasta fines de 2009.

En forma coincidente, la Ley 6.866 (con las sucesivas normas modificatorias) extendió el estado de emergencia a las municipalidades y comunas rurales, con la consecuente inembargabilidad de sus recursos financieros.

Durantes estos años, muchos particulares cuestionaron la constitucionalidad de este bloque de normas y algunos lograron sentencias favorables, confirmadas en ciertos casos por la Corte. Cuando eso ocurrió, el Estado debió pagarles al margen de lo establecido por la Ley 6.987.

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