La embestida K contra Cobos llegó a la Justicia.

Su sucesor, el peronista Jaque, lo denunció por irregularidades en la publicación de un decreto. Su ex secretario legal dice que todo “se aclarará” ante la Justicia.
Julio Cobos acaba de recibir su doctorado en oposición. A los cada vez más asiduos cruces verbales que el vicepresidente mantiene con el gobierno nacional se le sumó en las últimas horas una denuncia penal en su contra. El gobernador de Mendoza, el kirchnerista Celso Jaque, lo acusó a él y a su ex ministro de Obras Públicas, Francisco Morandini, de haber duplicado un decreto durante su mandato al frente de la provincia. Tras la presentación ante la Fiscalía de Delitos Complejos y la Fiscalía de Estado, el entonces secretario Legal y Técnico de Cobos, Jorge Albarracín, admitió en diálogo con El Cronista que hubo un procedimiento “poco habitual” en la sanción del decreto cuestionado, pero estimó que el tema “se aclarará perfectamente” ante la Justicia.

El episodio ocurrió apenas cuatro días antes de la elección presidencial que consagró la fórmula Cristina Fernández de Kirchner - Julio Cobos. El entonces gobernador de Mendoza firmó el 24 de octubre de 2007 un decreto con el número 2885 en el que aludía al marco tarifario eléctrico de la provincia. Sin embargo, en el Boletín Oficial, bajo ese mismo número de decreto salió publicado un reemplazo ministerial. La irregularidad fue descubierta por la actual subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, quien encontró en un archivero el texto original con la firma de Cobos.

Al respecto, Albarracín reconoció que el curso que siguió el decreto cuestionado fue “poco habitual”, porque la firma del texto fue impugnada en el momento por la concesionaria del servicio eléctrico, EDEMSA, lo que incidió en la caída en desgracia de la medida. Según su relato, el decreto siguió todo el derrotero administrativo correspondiente hasta llegar a las manos de Cobos para la firma. “Pero en ese momento, enteradas las empresas del sector de que estaba al salir ese decreto, presentaron una impugnación. Entonces se decide suspender el trámite, no dar publicación al decreto para que no adquiera vigencia, retirarlo y analizar nuevamente el expediente”, detalló el entonces secretario Legal y Técnico provincial y actual diputado nacional. En ese interín, “como no se puede dejar el hueco” en la numeración de los decretos, se sancionó otro texto con el mismo número. “Y luego nos fuimos del gobierno”, puntualizó el ex funcionario.

“No es habitual que las empresas impugnen un decreto en el mismo momento en que está siendo firmado por el gobernador -admitió Albarracín-. Lo que ocurrió en este caso es que, como era un texto que reglamentaba el mercado eléctrico, se venía trabajando con los actores del sistema y ellos conocían los borradores que manejábamos”, explicó. A pesar de ese episodio excepcional, el legislador nacional evaluó que el tema “se aclarará perfectamente” ante la Justicia, “porque lo que ocurrió es que las mismas empresas plantearon la inconveniencia” de dar curso legal a la medida. Hasta ayer, Cobos no había recibido notificación oficial de la denuncia.

En la vereda opuesta, la gobernación mendocina dejó trascender en la prensa local que se trató “de un decreto de gran trascendencia que ante la impugnación de un interesado habría sido reemplazado por otro inocuo”. Para el entorno de Cobos, en cambio, no es más que una “clara embestida política”.

Comentá la nota