Los embargos trabados a Petrobras y Cargill están firmes

La subsecretaria de Ingresos Públicos dijo que "la Justicia acompañó y ratificó las medidas que pidió el gobierno de Santa Fe", en el marco de los controles sobre los grandes contribuyentes.
La subsecretaria de Ingresos Públicos de la provincia, Teresa Beren, aseguró que los embargos trabados la semana pasada a las empresas Petrobras y Cargill por incumplimientos impositivos están firmes. En ese sentido, destacó que "la Justicia acompañó y ratificó los embargos que pidió el gobierno de Santa Fe. Además, no ha habido un pedido de revocatoria a esa decisión" por parte de las firmas mencionadas, afirmó la funcionaria.

En el caso de Petrobras, se embargaron las cuentas corrientes de la empresa por una deuda de 8,5 millones de pesos, generada por el incumplimiento en el pago de impuesto a los Ingresos Brutos por actividades específicas y de Ley de Sellos.

En cuanto a Cargill, el embargo se debió a la deuda de 575 mil pesos que le reclama el fisco provincial en concepto de Impuesto Inmobiliario.

En declaraciones periodísticas, Beren destacó que en la región operan "las 10 empresas más grandes del mundo en cada uno de los rubros que representan", al explicar que el gobierno está "generando y haciendo controles fiscales sobre los sectores que mayor capacidad contributiva tienen".

"Son empresas muy grandes que necesitan un control fiscal permanente", continuó la funcionaria. "En Brasil, donde está la sede matriz de Petrobrás, hay un equipo especial dentro de lo que sería la Administración Federal de Ingresos Públicos de ese país, que se dedica a controlar todo el negocio de sus principales contribuyentes. En el caso de Santa Fe sucede lo mismo; gran parte de los profesionales del área se dedica a controlar a los grandes contribuyentes. Esto es así porque, cuando hay buen cumplimiento, necesitamos trabajar con el mayor profesionalismo en ese segmento, y cuando hay incumplimiento, también hay mirarlo con total profesionalismo", argumentó.

Los reclamos de la provincia a Cargill y Petrobras se desprenden de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario que la Subsecretaría de Ingresos Públicos realizó en enero pasado. A través de esa investigación, se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia.

En ese marco, Beren encabezó el 2 de junio pasado un operativo en la planta de Cargill de Puerto General San Martín, en el marco del cual notificó a la empresa exportadora que adeuda 575.000 pesos en concepto de Impuesto Inmobiliario, por tener un total de 138.696 metros cuadrados de construcciones sin declarar en los tres establecimientos industriales que posee en territorio santafesino.

El operativo, a cargo de un grupo conformado por fiscalizadores del Servicio de Catastro e Información Territorial, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía de Estado de la provincia, incluyó tareas de fiscalización en materia de registro de patente automotor, ley de sellos, e inscripción en regímenes de retención y percepción del impuesto a los Ingresos Brutos.

En el caso de Petrobrás –que cuenta con una refinería en San Lorenzo y una planta petroquímica en Puerto General San Martín–, el mismo relevamiento de la zona portuaria posibilitó detectar las irregularidades referidas a superficie no declarada (presentaba 2.800 metros cuadrados edificados sin declarar que se regularizaron), y fundamentalmente, en el pago de otros impuestos.

Acerca del operativo Puertos

El gobierno de la provincia dio conocer en marzo los resultados de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario, a través del cual se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia. Esto representa un incremento de valuaciones de 118.332.820 pesos y equivale a un ingreso para el Estado de 800 mil pesos por año en concepto de Impuesto Inmobiliario.

En algunos casos, también se advirtieron inconsistencias entre las actividades declaradas por las empresas y las instalaciones relevadas.

El operativo realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, permitió actualizar la información –y en consecuencia, los controles fiscales– sobre las empresas titulares de puertos ubicados en el área ribereña del río Paraná, desde la localidad de Timbúes al norte hasta Villa Constitución al sur, tarea que no se hacía desde hace más de una década (prácticamente desde la ley de Puertos de 1992).

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