Embargo de plomo

Embargo de plomo
Un juez norteamericano congeló fondos del Banco Central, amparándose en el decreto del Gobierno nacional para hacer uso de las reservas de libre disponibilidad. La medida K terminó favoreciendo a los fondos buitres.
La crisis institucional que provocó el Gobierno nacional al querer usar 6.500 millones de dólares de reserva para pagar vencimientos de deuda externa, ayer llegó a su máxima tensión cuando fueron embargadas cuentas del Banco Central.

La medida fue adoptada por el juez norteamericano Thomas Griesa, que puso de manifiesto el grave error cometido por la administración K, que así sumió al país en un clima de incertidumbre y caos financiero con resultados imprevisibles.

Griesa está a cargo de la causa que fue iniciada a partir de la demanda de bonistas que no entraron al canje de deuda de 2005 (holdouts) y que, por lo tanto, tienen en su poder bonos que permanecen en default (en total, hay bonos por unos 20.000 millones de dólares en esa situación).

Según especificó el ministro de Economía, Amado Boudou, el embargo afecta a unos 1,7 millones de dólares; y la cifra máxima podría llegar a unos 15 o 20 millones de dólares. Se trata de una cuenta "transaccional" que el Banco Central usaba para hacer y recibir pagos en Estados Unidos. Ante el riesgo de una medida como la que tomó Griesa, desde hace algunas semanas la entidad venía tratando de usarla lo menos posible.

Igualmente, lo trascendente no son los montos, sino que sienta un importante precedente. Algunos especialistas están alertando que la Argentina podría volver a caer en default (ver página 4).

Los grandes fondos de inversión que llevan adelante los reclamos ante Griesa venían pidiendo desde hace tiempo distintas medidas de embargo. Hasta ahora, no habían tenido éxito con el argumento de que las reservas del BCRA no eran del Tesoro sino de una entidad autónoma. Justamente, la posibilidad de que el uso de reservas para el pago de vencimientos de deuda aniquilara ese argumento era lo que había esgrimido el presidente del Banco Central, Martín Redrado, para no implementar el Fondo del Bicentenario que la presidenta Cristina Kirchner creó por decreto de necesidad y urgencia (DNU) con ese fin. Esa demora de Redrado fue lo que provocó el segundo decreto con el que fue echado de la entidad. Los dos DNU fueron luego suspendidos por la Justicia y así el funcionario volvió a su cargo.

En otras palabras, el fondo donde está previsto depositar los 6.500 millones de reservas de libre disponibilidad les dio la excusa perfecta a los buitres -y al juez Griesa- para trabar el embargo.

Ayer se conoció que fue el propio Redrado el que evitó que el embargo de fondos dispuesto por Griesa fuera aún mayor, al disponer la prohibición de giros sobre la cuenta del organismo en la Reserva Federal de Nueva York, días después de la publicación del decreto de creación del Fondo del Bicentenario. Así lo revelaron letrados corresponsales que participan de la defensa del BCRA en los tribunales neoyorquinos y fue confirmado por voceros del organismo rector monetario argentino.

El viernes de la semana pasada, en las horas durante las cuales Redrado permaneció echado y reemplazado temporalmente por su segundo, Miguel Angel Pesce, hubo un fallido intento por parte de los directores kirchneristas del Central de transferir al Tesoro los algo más de 6.500 millones de dólares de reservas que integrarían el Fondo del Bicentenario y se usarían para pagar los vencimientos de este año.

Pero en el medio llegó una llamada urgente desde Nueva York: abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que defienden los intereses del BCRA contra los fondos buitres y otros litigantes contra el Estado argentino en Manhattan, alertaron que el juez Griesa había convocado ese mismo viernes una "reunión de partes" para pedir información. Luego llegaron los fallos que suspendieron los DNU y la movida quedó congelada.

Redrado ordenó apelar

El presidente del Banco Central, Martín Redrado, ordenó a los letrados patrocinantes en Nueva York que hoy presenten la apelación al embargo de las reservas que dispuso el juez del Distrito Sur de esa ciudad, Thomas Griesa.

Redrado habló hace instantes telefónicamente con el abogado John Newhouse, representante del estudio Sullivan & Cromwell, para que presente el recurso de apelación ante los tribunales neoyorquinos.

El titular del Banco Central dedicó gran parte de la jornada a analizar con sus asesores letrados y con algunos miembros de su directorio la evolución de las causas judiciales, y por la tarde se centró en la evaluación de los alcances del embargo del juez Griesa.

La causa de su remoción y la denuncia penal del Gobierno generaron novedades. El juez federal Norberto Oyarbide anunció ayer que "le he dado intervención al señor fiscal (Guillermo Marijuán), que hasta el presente no se ha pronunciado. Por lo tanto, estas horas son definitivas para saber si la causa toma vida o no".

El abogado de Redrado, Gregorio Badeni, amplió la presentación que había realizado en la causa, mientras se espera que hoy lo notifiquen del juzgado para contestar la demanda del Gobierno.

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