Elsa y Patucho piden no ser juzgados

El ex ministro de Bienestar Social, Santiago "Patucho" Alvarez, y la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad y ex diputada, Elsa Labegorra, hicieron un segundo intento para zafar de ser juzgados oral y públicamente por los 73 viajes 'fantasmas' autorizados por el ministerio entre 1998 y 2002.
El año pasado buscaron, sin éxito, negociar las penas con la fiscal Susana Alvarez a cambio del pago de una multa, y ahora le pidieron a la Cámara en lo Criminal 1 que los beneficie con la probation para que no les queden antecedentes penales. Sin embargo, es muy difícil que el tribunal acepte el requerimiento; más bien es factible que confirme el inicio de las audiencias para el lunes 4 de mayo.

Alvarez, Labegorra y el ex subsecretario de Coordinación del M.B.S., Sergio Samper, fueron los tres imputados que solicitaron a la Cámara la aplicación de la probation o suspensión de juicio a prueba. Este beneficio se aplica a los procesados por delitos menores y el reo se compromete a reparar el daño y/o a realizar trabajos comunitarios durante un tiempo a cambio de no ser condenado ni ser incluidos en los registros penales.

La Cámara 1, conformada por los jueces Hugo Díaz, Carlos Novaretto y Arturo Tito Fresco, es un hecho que denegara los pedidos del trío porque hay un antecedente muy fresco: cuando el mismo planteo lo presentaron la ex ministra de Bienestar Social y ex diputada, Marta Elena Cardoso, y la ex directora de la Familia y el Menor, María Cristina Hidalgo, les dijeron que "no" y luego el Tribunal de Impugnación Penal confirmó esa resolución con argumentos de mucho peso.

El T.I.P., a través de los jueces Gustavo Jensen y Carlos Flores, al rechazar las apelaciones de Cardoso y Hidalgo y confirmar lo dispuesto por la Cámara 1, dijo que "no puede igualarse al funcionario público con el resto de los ciudadanos" y que es "necesario transparentar el accionar de los funcionarios, en lo que hace al manejo de los caudales públicos, por tratarse de un bien 'de todos', y, por ende, les asiste la obligación legal y moral de rendir cuentas por todos los actos de su gestión que aparezcan sospechados de corrupción, ante el interés social de conocer lo actuado y el destino de los fondos públicos; exigencias que sólo es posible transparentar durante el desarrollo de un juicio".

Como si esos fundamentos no fueran suficientes, el Código Penal señala muy claramente que la probation no se aplicará cuando "un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito", ni tampoco "respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación". Esas dos circunstancias se dan en el caso.

Alvarez, Labegorra, Samper, Cardoso e Hidalgo están procesados por el delito de peculado (sustracción de caudales públicos) porque, entre 1998 y 2002, autorizaron 73 viajes 'fantamas' que se pagaron y presuntamente no se hicieron. O sea que las autorizaciones fueron dadas mientras ejercían sus cargos. Pero, además, el peculado es una figura reprimida con entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

El juicio iba a comenzar el 20 de agosto del año pasado, pero la Cámara lo postergó porque Alvarez pidió que estén presentes todos los imputados y el comerciante Luis "Popo" Alonso no iba a estar porque había requerido la probation. Alonso es el dueño de la agencia Swiss Travel, a través de la cual se canalizaron todos los traslados. El séptimo imputado es Nelson Teves, ex jefe de despacho de la Subsecretaría de Promoción, aunque por otros delitos.

Alonso está sospechado por los 73 viajes, todos ellos como hechos diferentes; Labegorra por 64; Hidalgo por 17; Cardoso por 9; Samper por 4; y Alvarez por 3.

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