Eliminarían la tasa por seis meses a cambio de nueva ley de puertos

A partir de 2010 los consorcios portuarios deberán pagar Ingresos Brutos. Pagarán más en las terminales que facturen más de 30 millones de pesos anuales. El Gobierno resigna 175 millones de pesos de recaudación por lo que queda del 2009.

Los operadores portuarios lograron esta semana echar por tierra, hasta fin año, con el artículo 26 que crea una tasa fija por tonelada en la carga y descarga de mercadería y a la alternativa de crear un fondo de infraestructura portuario constituido con el aporte de hasta el 30% de lo facturado por las terminales. A cambio, al año que viene comenzarán a pagar el 3,5% sobre el impuesto a Ingresos Brutos y se formará una comisión para discutir una nueva ley de puertos.

El gobierno bonaerense se comprometió a suspender por seis meses el artículo 26. Durante ese plazo discutirá con representantes del sector una normativa provincial para la actividad. En tanto, la alícuota sobre los Ingresos Brutos estará fijada en 3,5% para todos los puertos que facturen menos de 30 millones de pesos anuales. Los que superen ese monto pagarán 4,5%.

En cuanto a la ley portuaria, el gobierno pretendería avanzar sobre la redefinición de tarifas y la creación del fondo de infraestructura frustrado en esta oportunidad. En muchas oportunidades los operadores de puertos rechazaron una normativa provincial porque "prefieren atarse a la legislación nacional", aseguró un fuente del sector. Sin embargo consideró, que es importante la sanción de una ley para los consorcios que están creados por decreto.

Con respecto a la aplicación del impuesto a los Ingresos Brutos, consideraron que es mucho más fácil de pagar que el aporte del 30% y la creación del fondo portuario.

Varias veces aceptó el Gobierno bonaerense hacer modificaciones a este artículo. El plan original, que a finales de agosto anunció el director del Arba, Rafael Perelmiter, consistió en establecer un canon de 30 pesos para la descarga y de 10 pesos para la carga por tonelada.

Sin embargo, antes a obtener media sanción en la Cámara de Diputados, quedaron exentas la mercadería árida, como la arena y la piedra, y la actividad pesquera de buques y embarcaciones. Y además el monto por tonelada de descarga quedó reducido a 18 pesos, y de carga a seis pesos.

La presión del sector agropecuario y, ya en menor medida, de los portuarios tuvieron sus frutos para que el Ejecutivo acepte cambiar otra vez el artículo 26. Además de modificar el Impuesto Inmobiliario Rural como los representantes de las cuatro entidades bonaerenses consideraron mejor, lograron que los portuarios analicen otra alternativa tributaria que posibilite no afectar la exportación de materias primas.

Así es que, luego de la sanción definitiva en el Senado, funcionarios, legisladores y representantes de puertos públicos y privados se pusieron de acuerdo en que cada puerto haga un aporte, no superior al 30% de lo facturado, para crear un fondo de infraestructura portuario que manejaría una comisión de ejecución encabezada por el Gobierno. Al mismo tiempo, los operadores portuarios quedaban habilitados a aplicar un aumento en las tarifas según la actividad y el tipo de mercadería. En este plan el puerto Quequén, cuarto en la ubicación de mayores exportadores de granos durante 2008, no iba a aportar un peso con el argumento de la caída en la actividad de cargas de cereales.

Según fue anunciando, con el nuevo tributo en un principio el Gobierno pensó recaudar alrededor de 175 millones de pesos durante el último trimestre. Tras los cambios en la Legislatura y la extensión de las negociaciones, la meta se redujo a 125 millones, monto que se habría mantenido con la creación del fondo de infraestructura portuario. Ahora, con la suspensión por 180 días del artículo 26, y sin ninguna alternativa supletoria, el Ejecutivo resignará esos millones durante 2009.

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