Pablo Parenti conduce una Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Desde su creación, en 2012, ha iniciado alrededor de trescientas investigaciones preliminares, de las cuales la mitad ya están judicializadas; ha logrado reducir considerablemente los tiempos de investigación de estas causas; y puso en práctica un nuevo protocolo con medidas específicas de actuación ante la sospecha de que una persona pueda ser hija de desaparecidos.

La Unidad a cargo de Parenti tiene tres áreas de trabajo: una que se ocupa del seguimiento de las causas en judiciales en trámite; otra que prepara las investigaciones preliminares que luego se presentarán ante la Justicia sobre la base de las denuncias que recibe; y una tercera que se ocupa de realizar investigaciones propias. Para ello hay un equipo multidisciplinario integrado por abogados, pero también por antropólogos e investigadores experimentados, que se ocupan de los casos sospechosos a través de lo que se conoce de cómo funcionó el esquema de la apropiación de menores durante la dictadura.

En un reportaje que concedió a El Diario, Parenti repasó el trabajo de tres años al frente de la unidad fiscal y, por supuesto, la denuncia por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná, que derivó hace unos días en la citación a prestar declaración indagatoria del médico Miguel Alberto Torrealday.

UNIDAD ESPECIAL

Parenti, de 45 años, se desempeñó entre 2007 y 2012 en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y desde entonces coordina la unidad fiscal que intenta potenciar el trabajo de búsqueda de bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

El fiscal explicó que “a partir del seguimiento de las investigaciones judiciales vimos ciertas dificultades que son bastante específicas en las causas de apropiación de niños” y abundó: “En particular, advertimos que había algunas demoras judiciales para ordenar la extracción de muestras biológicas para hacer una comparación de ADN, cierta disparidad de criterios sobre cómo implementarlas y hasta un desorden sobre cómo llevar a la práctica estas medidas, que a veces es algo difícil para los funcionarios judiciales. A través de la Unidad, lo que se buscaba era dar una mayor eficacia a las investigaciones y ordenar la toma de muestras biológicas”.

–¿Qué aporta la Unidad al trabajo, por ejemplo, de Abuelas de Plaza de Mayo?

–El trabajo de Abuelas es admirable. Y si bien nosotros somos una estructura de apoyo y asesoramiento a todas las fiscalías del país, una cuestión novedosa es que la Unidad se ha convertido en la receptora de las denuncias de Abuelas de Plaza de Mayo, de Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) y de algunos organismos y personas individuales. Es decir, en lugar de llevar los casos directamente al sistema judicial, los presentan en la Unidad y, a partir de los datos que traen los denunciantes, se inicia una investigación que complemente esos datos para que la denuncia llegue más robustecida al sistema judicial.

HOSPITAL MILITAR

Uno de los casos en los que ha trabajado la unidad fiscal es el que investiga el destino de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Se sabe lo que ocurrió con la niña, Sabrina Gullino, que fue dada en adopción legal y recuperó su identidad en diciembre de 2008; pero el varón continúa desaparecido.

Por este caso, en 2011, fueron condenados cuatro integrantes de la patota de inteligencia de Rosario y un médico del Hospital Militar de Paraná. Pero ahora se investiga también la responsabilidad civil: los mellizos permanecieron durante varios días en el Instituto Privado de Pediatría (IPP), el varón como “NN” y la nena con el nombre falso de “Soledad López”, y de allí fueron retirados por personas desconocidas.

La responsabilidad de los socios de la clínica privada (Torrealday, David Vainstub, Ángel Schroeder y Jorge Eduardo Rossi) había surgido durante el juicio, especialmente por el testimonio de las enfermeras que atendieron a los mellizos, y finalmente en octubre del año pasado, primero los querellantes y luego los fiscales, formalizaron una denuncia contra Torrealday, quien fue citado a prestar declaración indagatoria para el próximo miércoles. Parenti no llegó a firmar la denuncia, pero trabajó en ella a la par de los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva.

–¿Qué intervención tuvo la Unidad en la investigación que terminó en la denuncia contra el médico Torrealday?

–Cuando empezamos a trabajar en el caso, tanto a los fiscales de Paraná (Candioti y Silva) como a nosotros, nos pareció que había elementos para no quedarse en la responsabilidad de los militares que habían sido condenados en el juicio, porque hay un tramo del recorrido de los mellizos que tiene características irregulares y, para nosotros, hay elementos concretos que permiten imputar delitos, en este caso a esta persona.

–¿Sobre qué elementos se sostiene la acusación contra Torrealday?

–Lo que vemos nosotros es que hubo una actuación irregular del IPP que consiste en que recibieron dos chicos de personas que no eran los padres ni tenían ningún poder legal de custodia sobre ellos; los inscribieron a uno como NN y a la nena como Soledad López, un nombre falso; y luego entregaron los bebés el mismo día a personas que no podían alegar ningún poder legal. Y todo eso sin dar intervención a un juez de menores. Claramente la registración fue irregular y la falta de aviso a un juez parece una conducta orientada a ocultar el paso de estas dos personas por el IPP. Ninguna institución médica recibe ni le entrega un bebé a personas que no son los padres ni tutores legales. Esto se manejó de una menara completamente irregular y creo que esa conducta irregular estuvo orientada a borrar las huellas del paso de los bebés por ese lugar y, por lo tanto, a dificultar su identificación.

–¿Por qué entonces la imputación no alcanza a los otros socios del IPP?

–Por ahora el criterio fue empezar por esta persona en virtud de algunos testimonios que la señalan como quien conducía de hecho la clínica y quien tomaba las decisiones. A pesar de que no había una estructura formal de mando, hay varios testimonios volcados en el juicio y después en la instrucción que señalan a Torrealday como la persona responsable de las decisiones y de recibir y dar el alta de los bebés. En principio, para los fiscales, y para la Unidad, es indudable la responsabilidad de Torrealday, después veremos si la responsabilidad solo se circunscribe a esta persona o si se extiende a otros.

–Esto también viene a poner en foco la complicidad civil que tuvieron los militares.

–Sí. Para nosotros es muy importante que actores que no son miembros de las fuerzas armadas y de seguridad rindan cuenta de sus delitos. Porque los delitos no los cometieron solamente los militares y policías, que obviamente los cometieron y gravísimos, sino que en muchos casos hay intervención de civiles. Y en muchos casos lo que vemos es que el sistema judicial no actúa con la misma decisión respecto de actores que tienen otro rol social o que todavía gozan de cierto prestigio. En algún momento había una especie de coraza protectora respecto de los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, que con el tiempo se fue venciendo, ahora lo que vemos es que hay que dar como un plus de energía para que el sistema judicial también analice con la misma severidad y decisión la responsabilidad de personas que no integran las fuerzas armadas y de seguridad.

Torrealday, el apuntado

El médico Torrealday deberá presentarse el próximo miércoles en el Juzgado Federal de Paraná. Está imputado por el encubrimiento de la sustracción y como partícipe necesario de la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. En el juicio de 2011 Torrealday fue señalado por los médicos y enfermeras del IPP como quien tenía mayor preeminencia en las decisiones que se tomaban en la sala de neonatología, donde permanecieron los bebés hasta que fueron dados de alta.

Los fiscales creen que fue Torrealday quien coordinó el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología del IPP, como también el alta médica y la entrega de los bebés a personas que eran sus familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos. El médico deberá explicar también por qué permitió en su clínica privada a un bebé sin nombre y otro con nombre falso, provenientes del Hospital Militar. Y más: el hecho de no haber denunciado esto a un juez de menores lleva a los fiscales a considerar que Torrealday actuó con el conocimiento e intención de aportar a la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos.