Más elementos en el debate Sobre el revalúo inmobiliario

Un abogado del foro local, que preside la Asociación Defensora del Usuario, Consumidor y Contribuyente (A.D.U.C.CO.), sostiene que “el revalúo inmobiliario debe tener tratamiento y aprobación de la Legislatura. Caso contrario resulta inconstitucional, y va provocar que miles de contribuyentes presenten amparos ante la justicia”.
La aseveración pertenece a Alejandro C. Mur, en su carácter de titular de (A.D.U.C.CO.), quien además afirmó que “el sistema, procedimiento y elementos que se está utilizando, son poco transparentes, antojadizos, con discriminaciones arbitrarias, con vacíos jurídicos y sin la información necesaria y clara para los contribuyentes de la provincia. El revalúo promovido por el Poder Ejecutivo es para corregir algunas irregularidades, pero tiene como principal objetivo lograr una extraordinaria mayor recaudación”, señaló.

En este sentido Mur aseguró que “las nuevas valuaciones serán tomadas como base imponible por la Dirección Provincial de Rentas, que aplicará los índices que fija la Legislatura y determinará lo que en definitiva cada propietario deberá pagar como impuesto inmobiliario”, dicho lo cual sostuvo que “es inconstitucional el sistema impositivo, por cuanto el artículo 123 de la Constitución Provincial impone claramente que es la Legislatura quien tiene la exclusiva atribución de fijar los tributos, y en el caso del impuesto inmobiliario no se cumple, ya que intervienen por un lado la Dirección de Inmueble que determina ilegalmente la valuación, por otro la Legislatura que fija los índices que se debe aplicar, y por último es la Dirección de Rentas la que aplica los dos componentes”.Desde su punto de vista esto significa “que el impuesto inmobiliario lo resuelve improcedentemente el Poder Ejecutivo y no el Poder Legislativo. Para ser legal y razonable, la valuación tendría que contener las siguientes premisas: la Legislatura debería resolver cual el precio fiscal del metro cuadrado cubierto de construcción y/o de terreno, según calidad de construcción y ubicación del terreno, que podrían ser de tres tipos como base, sin hacer discriminaciones arbitrarias de ningún tipo, ya que los materiales de construcción le cuesta igual al que tiene buen poder adquisitivo o al de bajos recursos”. Así las cosas, en opinión del dirigente “es improcedente que el Poder Ejecutivo sea juez y parte, ya que es quien resuelve el precio de cada inmueble y cuanto debe pagar cada propietario”. “Tampoco es procedente que se califique, para una mayor valuación, si la propiedad tiene servicios públicos básicos, o contenga en su construcción elementos que hacen a la salubridad. Toda la calificación y puntuación para valuar es ilegal y anacrónico” criticó Mur, que siguió analizando el tema para insistir en tachar por improcedente “que el Poder Legislativo fije únicamente los índices a aplicar sobre la valuación y no el precio de construcción y/o del terreno, ya que ello no significa determinar el impuesto inmobiliario como prevé la Constitución y la ley, sino que deja al criterio discrecional del Departamento de Valuaciones de la Dirección de Inmuebles que sea en definitiva quien fije la base imponible”.

ANTECEDENTES

Abordando luego otros aspectos de la campaña que se cumple por estos días, el titular de ADUCCO afirma que en 1995 se hizo “revalúos ivos, en muchos casos sobrevaluando propiedades, significando abusivos aumentos del impuesto inmobiliario, sin explicación ni fundamentos hacia los propietarios. Además los valores que abonan los contribuyentes como impuesto inmobiliario, no están congelados desde hace treinta años, sino que fueron aumentados merced al incremento de los índices que resolvía permanentemente la Legislatura”.

De cara a la realidad, Mur dice que “es necesario por un derecho y obligación constitucional la participación de la Legislatura para proteger a los contribuyentes de la provincia de la voracidad fiscal, quienes se verán afectados injustamente en su situación social y económica. Caso contrario serían procedentes los amparos en la justicia. A la Dirección de Inmuebles -continuó- le cabe únicamente determinar los metros cubiertos y/o del terreno y fijar la valuación pero basado estrictamente en lo resuelto por el Poder Legislativo en relación al precio de la construcción y del terreno”.

Advirtió también el directivo de ADUCCO que “las nuevas valuaciones tendrán plena incidencia en los precios que los propietarios deberán pagar a las escribanías y a otros organismos públicos, sean por nuevas escrituraciones, transferencias, donaciones y otros actos y negocios jurídicos” y apuntó finalmente que “el valor de una propiedad puede ser real o fiscal y tiene aristas discutibles, por ejemplo además de los precios de inmobiliarios, están los precios de construcciones ejecutadas por empresas o los costos que le significa al propietario que construye por su propia cuenta, valores que pueden tener una diferencia de hasta un cien por ciento”, concluyó.

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