Los ejes de una polémica que cruzó al Gobierno, el Congreso y la Corte

La caída de las leyes de impunidad desbordó los juzgados. Y sólo hay 14 condenas.
Nadie se quedó afuera. Todos hablaron y opinaron, algunos con sobreactuación. Pero la solución no aparece con simpleza y el problema está más vigente que nunca. Lo peor es que se transforme en otra cara de la misma impunidad que caracterizó al capítulo más negro de la historia argentina.

Apenas conocida la decisión de la Cámara de Casación de liberar a veinte represores de la dictadura, entre ellos el emblemático Alfredo Astiz, el kirchnerismo salió a pedir el juicio político de los jueces que aplicaron lo que dice la ley: nadie puede estar preso más de tres años sin condena. Desde la oposición y la propia Justicia les contestaron que ésa no es la solución de fondo.

"No es culpa nuestra, es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados", dijo el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, en solidaridad con sus colegas de la Casación.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acusó al kirchnerismo por no haber apoyado un proyecto radical elaborado por el ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra tendiente a acelerar los juicios. El proyecto propone hacer juicios por cada centro clandestino de detención.

Desde el oficialismo, la diputada Diana Conti advirtió que ello retrasaría más aún los procesos. De paso, recordó que Gil Lavedra fue ministro de Justicia de la Alianza y que en esa época "no sólo no había juicios sino que se negaron las extradiciones pedidas por España para que al menos los hubiera en ese país".

Los juzgados de instrucción elevan de a tramos las causas a juicio. Pero todas las de Capital van al mismo tribunal (el Oral Federal 5), que tiene una larga lista de espera y no da abasto. Esta semana, sus miembros hicieron una inspección en centros clandestinos de detención pampeanos para uno de los próximos juicios orales.

En el oficialismo aseguran que Casación tiene la herramienta para reasignar esas causas a otros tribunales pero que no la aplica. Es más, creen que es una estrategia deliberada para demorar los juicios. En Tribunales dicen que así se quitaría la causa a su "juez natural" y que se violaría el derecho de defensa de los acusados. Además, se quejan por la falta de presupuesto, personal y elementos, un clásico del Poder Judicial.

"Estamos ante la presencia de una de las peores actitudes conservadoras que puede tener el Poder Judicial", echó más leña al fuego el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Mientras tanto, 281 represores siguen en prisión preventiva a la espera de su juicio. Y pueden quedar en libertad si es que la Corte Suprema --que en su actual composición favorece la idea de liberar a los procesados sin condena-- ratifica la decisión de la Casación.

Es cierto que la Cámara de Casación demoró tres años la megacausa de la ESMA por las excusaciones de sus jueces. Pero también es cierto que los jueces fueron recusados por los propios querellantes, lo que también ayudó a la demora.

Por debajo de las palabras subyace una sensación: que el kirchnerismo, cuando derogó las leyes del perdón y permitió la reapertura de las viejas causas contra los represores no midió el impacto inmediato que esto tendría en la Justicia. Hasta ahora hay sólo 14 condenados.

Las demoras en los juicios no son un problema exclusivo de estas causas. Las cárceles están atiborradas de procesados sin sentencia y por delitos comunes. Y cuando una causa es elevada a juicio pueden pasar hasta dos años hasta que éste se haga.

En Comodoro Py acusan al Gobierno de "fogonear" a los organismos de derechos humanos que se quejan porque no se dejan televisar los juicios. "Esto no es un show", dicen, y recuerdan la imagen del represor Miguel Etchecolatz lleno de huevos tirados por manifestantes dentro de la sala del tribunal que lo condenó en La Plata, transmitido en vivo por la TV. "Es poco serio", afirman.

El Gobierno ya había pedido el juicio político del presidente de la Casación, Alfredo Bisordi, en marzo de 2007. Y en lugar de enjuiciarlo, negoció por lo bajo su retiro por jubilación.

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