El Ejecutivo se despega del allanamiento a Martearena

El Gobierno quiere despegarse totalmente del allanamiento realizado por una fiscal al despacho del fiscal de delitos complejos Eduardo Martearena, que investiga el subsidio otorgado para el recital los Cadillacs y apunta a varios funcionarios provinciales.
Para ello, el gobernador, Celso Jaque, planteó ayer su preocupación directamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares.

El mandatario se comunicó telefónicamente por la mañana con el jefe de la Corte y negó cualquier vinculación del Poder Ejecutivo con el allanamiento, además de reclamar una profunda investigación.

Pero, además, por la tarde, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, acompañado por el subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, concurrió al despacho del procurador de la Corte, Rodolfo González, jefe de los fiscales, para que el tema sea totalmente aclarado.

Para Adaro, "el conflicto tiene que ver con el interior de la propia Justicia y debe aclararse públicamente que el Gobierno no ha ejercido ninguna presión".

El allanamiento realizado por la fiscal subrogante de Capital Virginia Rumbo se basó en una denuncia contra Martearena por presunta falsificación de un expediente. La intención que perseguía Rumbo era detectar si en los equipos de la unidad fiscal se confeccionó una falsa denuncia contra un empleado de una estación de servicios que está siendo investigado por Martearena por mal uso de vales de combustible de la Policía.

El hecho es que el abogado patrocinante del empleado es Guillermo Gorelik, socio de Pablo Cazabán, hermano del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Esta relación ha determinado, por otra parte, un pedido de los legisladores demócratas de interpelar al colaborador de Jaque .

Según Adaro, se le planteó al jefe de los fiscales la preocupación que tiene el Poder Ejecutivo por los últimos hechos ocurridos en el ámbito de su propia competencia.

"Entendemos que el contexto en que se dio el caso no sólo provocó un perjuicio para el Gobierno provincial sino también para el resto de los fiscales de delitos complejos, porque no sólo se produjo esta acción procesal en la oficina de Martearena sino también en las de los doctores Carniello y Ríos", planteó.

Adaro no cuestionó la competencia de Rumbo, sino que aclaró que existe preocupación por los trascendidos periodísticos que indican que el Gobierno utilizó a esa fiscal para presionar a Martearena.

"Hemos pedido a González que investigue si la doctora Rumbo ha sido presionada por algún miembro del Poder Ejecutivo y si así no lo fuere que lo manifieste en forma expresa y si así fuere y eso constituye delito que se investigue", indicó el ministro de Gobierno.

El funcionario dijo creer en la probidad de cada uno de los fiscales, los que deben investigar con total tranquilidad. Sin embargo, manifestó su preocupación no sólo por el accionar de Rumbo sino por las manifestaciones públicas del fiscal Martearena, que consideró que "le quitan seriedad" a las investigaciones.

"Martearena sostuvo que lo que se abría acá eran las puertas del infierno y lo que tiene que garantizar es que se abran las puertas de la Justicia", afirmó Adaro, quién insistió que a Martearena le pide tranquilidad y cordura.

"Un juez no puede declarar que lo que va a abrir son las puertas del infierno. Lo que tiene que abrir son las puertas de la Justicia y de la verdad. Salvo que él considere que en el infierno están la Justicia y la verdad", insistió.

González, por su parte, indicó que escuchó las apreciaciones de Adaro y que la semana que viene pedirá una serie de informaciones por la vía interna del ministerio público a Rumbo.

"Allí podré apreciar cómo se ha hecho esta medida, quién ha ofrecido la prueba, qué prueba ha pedido o ofrecido ella, qué medida ha autorizado el juez y cómo se ha llevado a cabo. Allí podremos saber si la cuestión ha sido correcta o incorrectamente llevada", indicó González.

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