“Vamos a utilizar las herramientas a disposición para tratar de preservar el derecho a la vida de esta persona”, expuso el jefe de Gabinete, Mario Civalleri, quien se pronunció a favor del fallo de la magistrada.

En diálogo con El Eco de Tandil el funcionario evaluó los alcances de la resolución y ratificó el camino que adoptará el Gobierno frente a un acampe que lleva más de 20 días frente a las puertas del Municipio.

En primer lugar confirmó que “todos los días” una ambulancia del Hospital Municipal “Ramón Santamarina” se presenta en la explanada del palacio comunal para realizarle controles a la dirigente y a partir de allí se eleva un parte médico que permite hacer un seguimiento de su estado de salud.

Centrado en los detalles de la medida de la jueza citó que, en caso que de exista una “situación de riesgo”, habilita la intervención del Estado “incluso con el auxilio de la fuerza pública para trasladarla en caso de que su vida esté en riesgo”.

En ese sentido adelantó que “en caso de que la situación se aproximara a un límite nosotros vamos a tratar de actuar”. Independientemente de la resolución de la cuestión de fondo, que alude a la legitimidad o no de la protesta, el funcionario ratificó que “lo único que nos interesa es ver el estado de salud porque nos parece que hay que garantizar el derecho a la vida, que está por encima de cualquier otra cosa”.

A su vez Civalleri calificó de “razonable” el fallo de la jueza de Familia y garantizó que “vamos a monitorear la situación tratando de asistir en caso de que sea necesario”.

 

“Una postura con carácter extorsivo”

 

Sobre el reclamo iniciado por la agrupación por alimentos para los comedores barriales y la consigna por tierra, techo y trabajo, Civalleri ratificó la postura del Ejecutivo al mencionar la “asistencia” ofrecida y remarcó que “la agrupación pretende más cosas a las que no hemos accedido”.

Citó en ese marco las “cuatro” reuniones que mantuvo en las últimas semanas con representantes del espacio, a las que sumó el encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante con representantes de todos los bloques para justificar los intentos por alcanzar un acuerdo.

“Nos parece que la postura tiene un carácter extorsivo respecto de la pretensión”, sostuvo, y agregó que “el Ejecutivo ha tratado de dar respuesta en la medida de sus posibilidades”.

De todos modos llamó a la reflexión y a mantener el diálogo para hallar una salida, pero rechazó la metodología utilizada al opinar que “no se puede pretender arrancar un compromiso del Estado extorsionándolo”.