En la gestión comunal no cambió el signo. Desde su asunción se caracterizó por una gestión tradicional de "administrador de servicios” con fuerte apego a rubros de la administración clásica, tales como la pavimentación, los espacios verdes, iluminación, limpieza y control de animales sueltos. El turismo fue el gran beneficiario de esta prioridad embellecedora de una ciudad que con Zanatelli y otros parámetros económicos se concentraba en obras de infraestructura fundamentales pero de poco lustre.

La única repartición de Lunghi que rompió esta norma no intervencionista fue Desarrollo Social y de allí su alto impacto durante la gestión de Julio Elichiribehety. Pero nuevamente la matriz lunghista se impuso y el proyecto original de “zonificación, descentralización y presupuesto participativo” quedó en el intento. Las sociedades de fomento, hijas de la crisis, se transformaron en centro comunitarios y se consolidaron como espacios de control “político” en los barrios en lugar de profundizar la participación vecinal.

Esta matriz no intervencionista del Estado Municipal tuvo una consecuencia directa a la hora de evaluar los problemas sociales y económicos más severos y ensayar respuestas: los problemas estructurales fueron clasificados como “problemas no municipales”. La responsabilidad se enfocó fuera de los márgenes comunales y hacia allí se derivaban las críticas excluyendo a la administración local del debate y la resolución.

Pero la realidad y las coyunturas políticas agrietaron esta lámina lustrosa por donde la gestión lunghista patinaba sin problemas consiguiendo recursos nacionales “para lo importante” y volcando recursos propios a “lo accesorio” y rápidamente inaugurable. Eran las épocas donde Lunghi inauguraba una obra por día: el chorro del Lago, el Quijote, una plaza, luces, más luces, un parque con enanos, otro sin enanos, un tobogán de plástico, una camilla para fortalecer los cuádriceps en el Lago y hasta despertaba elogios y notas en los diarios el Papá Noel a caballito de la balustada del Palacio.

Finalmente, los problemas que llevaban años se hicieron visibles: falta de viviendas, desindustrialización (en contextos de franca industrialización), empleo (más que la media nacional), seguridad y los efectos de la ausencia en los barrios, sobre todo entre los sectores de los jóvenes.

Y la realidad acorraló a una gestión que siempre había podido eludir el problema desde lo discursivo. Los vecinos, agrupados o no, irrumpieron en la puerta del Palacio, en sus oficinas, en los medios de comunicación. Y los coletazos de la política de intervención pública nacional empezaron a marcar otra agenda, otros caminos, otras herramientas. La politización trajo aparejada la participación y la queja pública.

Y así, después de mucho negar la crisis de la vivienda, organizaciones como Mujeres sin Techo le arrancaron al Municipio los primeros terrenos inutilizados. E impusieron una modalidad de loteo y financiamiento que luego siguieron otras asociaciones. Y luego llegó Procrear y con sus créditos para viviendas con créditos blando puso en evidencia la falta de tierra a valores razonables. Y lejos de alimentar la burbuja, el ProCreAr propuso una modalidad de intervención del Estado para crear suelo urbano, a bajo costo.

Y en ese punto, que es ahora, un comunicado del Municipio dice lo siguiente:

“Hay que generar un mecanismo donde el Municipio tenga el financiamiento y que puede estar dado a partir de generar un círculo virtuoso donde al ir cobrando los primeros terrenos, el Municipio pueda ir adquiriendo nuevas tierras para ofrecer, no solo beneficiando a los que tengan el Procrear terreno más construcción, sino también a través de la participación del Municipio en el mercado hacer que los valores de los terrenos que están a la venta en forma particular puedan bajar de precio. Es decir una intervención del estado Municipal para actuar como ente regulador de un sistema de precios”.

Todo tiene su explicación. ¿Cómo se pasó de un Municipio que en su sueño de grandeza excluía los sueños de miles por tener su casa propia? ¿Qué hizo que se debilitara la estrecha alianza entre el sector inmobiliario y la gestión (que todavía rige para temas como el de la construcción en las sierras)? Tampoco es para alimentar milagros.

La declaración de Juan Pablo Frolik –que ocupa interinamente el lugar de Miguel Lunghi- fue realizada después de que Pablo Bossio y Marcelo Cifuentes le acercaran un convenio marco que propone ProCreAr a los municipios para que produzcan suelo urbano. Un convenio que habla de comprar macizos de tierra o lotes, dotarlos de servicios y venderlos a 100 mil pesos como máximo.

Como se puede ver: no hay pases mágicos en el medio. Se puede comprar tierra, lotearla, darle servicios y romper la burbuja inmobiliaria que se había diseminado desde las zonas céntricas y residenciales de la ciudad a todo el partido. Se puede y siempre se pudo. Lo que cambió no es la norma, sino la forma de ver el problema.

El Municipio tiene hoy más de 100 lotes para vender a 100 mil pesos. Estos 10 millones de pesos son el capital necesario para la compra del macizo y la creación de la infraestructura que transformarán ese macizo en nuevos terrenos y así el “círculo virtuoso” de la tierra a valores razonables.

Lo dicho. No hay un cambio en las normas, sino una forma de ver la realidad.

Dentro de unos años, cuando se saquen cuentas y se determine el impacto del programa ProCreAr en Tandil no habrá que olvidarse de este capital, intangible en términos administrativos, pero sólido en términos de beneficios individuales: la visión de lo posible, la intervención del Estado para resolver lo que parecía sólo solucionable en términos de mercado y cotizaciones de oferta, demanda y especulación. Se trata, quizá, de la primera vez que el Estado comunal hizo propio un problema que parecía de otros, intervino, y creó una senda (no otra nueva aeróbica) de los tandilenses hacia su derecho a la vivienda.