El Gobierno firmó ayer una carta de intención con la OPIC, la agencia de inversiones de Estados Unidos, para financiar parte de la construcción del corredor vial C licitado mediante la modalidad de Participación Público Privada ( PPP). La obra, que consiste en mejorar las rutas 7 y 33, está a cargo de José Cartellone, asociada a la compañía norteamericana Astrice Finance, que será la que recibirá el primer tramo del fondeo, en el marco de las dificultades que mostraron las empresas ganadoras para obtener el dinero y poder comenzar con los proyectos.

En el ministerio de Transporte aclararon que el texto "es el primer acuerdo preliminar en el proceso" para que la OPIC desembolse u$s250 millones bajo condiciones de plazo y tasa que aún resta definir. Todo en el marco del anuncio en conjunto que hicieron ayer funcionarios argentinos y norteamericanos en el Palacio de San Martín, por un total de u$s813 millones, que serán destinados principalmente al sector energético (ver abajo).

Pero el financiamiento internacional a los PPP no quedaría ahí sino que el domingo se sumaría China para confirmar los fondos para el corredor B, que comprende la ruta 5 y está en manos de la asiática CCA y la mendocina Green.

Así lo dejó entrever el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "El domingo firmamos el financiamiento con China para el corredor de la ruta 5", dijo el funcionario.

Los PPP habían quedado en el ojo de la tormenta porque a diferencia de los proyectos de obra pública tradicional, porque son los privados los que tienen que conseguir los fondos y, con la suba de tasas en el mercado local y la fuerte corrección que tuvieron los activos argentinos en el exterior, se complicó el financiamiento para las empresas. A eso se sumó el golpe de gracia de los cuadernos, porque las políticas de compliance norteamericanas las limitan a la hora de asociarse con compañías involucradas en denuncias judiciales. Ante ese escenario, el Gobierno reaccionó con la creación de un fideicomiso, que podrá emitir préstamos y funcionar como garante.

De ahí la importancia de los aportes que realizarán EE.UU. y China para concretar los proyectos. En este último caso, en el sector de la construcción descontaban que el corredor B era el que estaba menos en riesgo si se tiene en cuenta las normas más flexibles de los asiáticos ante casos de corrupción y la envergadura de su economía que les da margen para afrontar los desembolsos requeridos en una obra de esta magnitud.

En ese sentido, a principios de año Cartellone tenía previsto emitir un bono en el mercado internacional por más de u$s800 millones, que era el monto de la inversión prevista de acuerdo al contrato que firmó con el Gobierno. Sin embargo, por el incremento que tuvo el riesgo país en los meses siguientes hizo esa operación impracticable.

De los cuatro corredores restantes, los que están más encaminados son el E y F, ya que están en manos de Helport (Corporación América), con una espalda suficiente para aportar el dinero en caso de que el mercado siga cerrado. En tanto, el consorcio de Rovella Carranza, JCR y Mota Engil está a la espera de que mejoren las condiciones financieras de la Argentina para comenzar con el corredor Sur.