La educación que queremos

Discutir qué educación queremos indica que estamos recuperando la capacidad para salir de la coyuntura, y para pensar en el mediano y largo plazo.
Todos sabemos que la educación es mucho más que una ley. La discusión y la consulta dejarán tanto para el debate como para las estrategias de acción, temas y problemas que la ley no puede ni debe resolver. Sin embargo, necesitamos un nuevo instrumento normativo socialmente legitimado que defina los principios y las bases comunes a toda la provincia, sobre las cuales se debe regir nuestro sistema escolar. Estructura unificada, obligatoriedad hasta el final del secundario, enseñanza obligatoria de una lengua extranjera, papel activo del Estado en aspectos claves, como la definición de contenidos y resultados de aprendizaje, la formación docente, la evaluación y la obligación de intervenir cuando se presenten situaciones de emergencia son, entre muchos otros, aspectos cruciales de la organización escolar sólo pueden ser resueltos por una ley.

Pero las leyes no son meros papeles y todos tenemos la obligación de hacerlas cumplir. Fuera de las leyes democráticas, la vida social queda en manos del mercado o del poder autoritario. Los argentinos ya conocemos las consecuencias de usar estas dos vías y no queremos repetir esas experiencias.

Una ley de consenso

La consulta y el debate están en pleno proceso y sería prematuro anunciar resultados. Hoy en nuestra provincia se está discutiendo y analizando una ley. Sin embargo, en lo sustantivo, aspiramos a que la ley establezca los puntos fundamentales sobre los cuales exista el más alto consenso posible entre todos los sectores de la sociedad.

Aspirar a este consenso tampoco puede ser subestimado, particularmente en el caso de nuestro país. Venimos de muchos años de conflictos muy profundos que nos llevaron al borde de la disolución nacional. La nuestra no es una sociedad basada en acuerdos fundamentales en el marco de los cuales sea posible enfrentar conflictos específicos o focalizados en algún campo particular de la vida social. Necesitamos, por eso, construir acuerdos que nos permitan vivir juntos. Aspirar a construir una sociedad más justa, como dice el anteproyecto de ley presentado por la UCR, marcar el sentido de la ley y de la acción educativa. Aspirar a la justicia social en una sociedad donde la exclusión, la desigualdad y la fragmentación son fenómenos poderosos, tampoco puede ser banalizado ni subestimado.

Sabemos que la educación sola no alcanza para garantizar inclusión, igualdad y cohesión social, pero estamos seguros de que sin la educación esos objetivos son imposibles.

La consulta y el debate no fueron períodos extensos, todavía faltan etapas por delante, como la definición de los puntos centrales que la comunidad espera que contenga la nueva ley. Sin embargo ya está siendo tratada en la Comisión de Educación de la Legislatura para su aprobación.

La mejor respuesta a los que preguntan si su opinión será tenida en cuenta o a los que dicen que ya está todo "elaborado de antemano", es que será importante seguir el proceso de cerca.

El debate democrático permite expresarse, pero también exige escuchar y admitir que las demandas, intereses y necesidades de los que piensan diferente tienen legitimidad. En estos procesos dos sectores cuestionan los procesos siempre imperfectos de la democracia. Por un lado, están los que desconfían de ella porque abre la puerta a los que no tienen poder. Por el otro, están aquellos que quieren destruir la democracia con el argumento de hacerla más perfecta.

La experiencia de esta discusión y debate, de que educación queremos, es un ejercicio democrático que dará lugar a una propuesta para la nueva ley de educación provincial, pero también fortalecerá la cultura cívica de nuestro pueblo, mostrando que somos capaces de hacer crecer la democracia para que resista a sus enemigos de siempre.

En ese sentido, es muy importante que aquellos que aun no se han incorporado a este proceso de debate y análisis hagan llegar su contribución por medio de alguna de las múltiples modalidades de participación disponibles, porque estamos ante una oportunidad y una responsabilidad histórica que no podemos desaprovechar.

Si entendemos a la Educación como aquél derecho humano fundamental que se presenta como la condición de posibilidad para el efectivo goce y ejercicio de todos los restantes derechos fundamentales, no se puede pensar una nueva ley sin tener en cuenta que hoy estamos reconstruyendo un modelo social. Y precisamente en esa dirección es que tenemos que pensar también en la reconstrucción del modelo educativo en general en nuestra provincia.

No puede haber un modelo de país y de provincia más justo sin un modelo de educación en el que ingresen los sectores de la sociedad más excluidos y los trabajadores.

El rol fundamental de la educación es el de formar hombres y mujeres cuya acción se defina, como decía Paulo Freyre, "no por un simple hacer, sino por un quehacer, por una acción que no se divorcia de la reflexión, pero tampoco deja de ser acción".

Los documentos que hoy hablan de educación tienen por objetivo lograr, a lo largo de la próxima década, una educación que dé respuestas satisfactorias a demandas sociales inaplazables: "Conseguir que más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad".

Es imprescindible descubrir una brecha en el círculo perverso de la pobreza, para penetrar en él de manera contundente y decisiva. Nos debemos el esfuerzo de que el mito y la realidad se encuentren. El mito de que la educación es una prioridad y la realidad de una educación que atrasa a los más vulnerables.

Los bajos niveles culturales de nuestra provincia tienen que ver con las dificultades de acceder a una educación integral e inclusiva. El clientelismo político siempre encontrará en los más desposeídos el caldo de cultivo para insertarse y dominar. Y esto se vive en estos días de elecciones.

Es vital imponernos el compromiso de rechazar la desesperanza en una sociedad que descree de todo y, a la vez, relativiza con idéntico fervor hechos de singular gravedad.

En el marco de una política educativa pensada desde lo sistémico y con horizonte estratégico, es decir, de mediano y largo plazos, el Estado, con el complemento necesario y útil de las organizaciones de la sociedad civil, debe concentrarse en la generación de nuevos paradigmas que encuentren su correlato en los hechos concretos.

El cíclico esfuerzo que se requiere, encarado con grandeza y alejado de prácticas electoralistas, siempre teñidas de una mirada corta y muy superficial, debe centrarse en privilegiar una educación rica para todos. Al hablar de riqueza, lo hacemos contemplando todos los aspectos: contenidos curriculares, instalaciones, equipamiento, tecnología, incorporación de idiomas y estímulos a distintas expresiones del arte.

La educación es el camino a la libertad y a la autonomía de las personas.

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