Editorial:La verdad incómoda

La empresa Curtarsa estuvo clausurada desde el lunes 16 hasta el miércoles 25. Durante esos días, tanto la Provincia como la Municipalidad volvieron a mencionar la palabra “controlar”.
Ese parece ser el término que menos incomoda en un conflicto social, ambiental y económico que tiene unos 15 años de vigencia. Pero la verdad incómoda sigue ausente en los discursos oficiales, aunque no así en los vecinos de Jáuregui que saben, y tienen sobradas pruebas, que una fábrica categoría tres como Curtarsa no puede funcionar en el corazón de una zona urbana.

La intendenta Rosso habló de “seguir trabajando en el control de esta empresa y de todas las empresas de Luján”. El coordinador ejecutivo de fiscalización ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Eduardo Conghos, dijo que a la curtiembre “hay que tenerla controlada para evitar que genere un impacto en la población”.

En la práctica, resulta indiscutible que en menos de un año y medio el gobierno municipal avanzó más en materia de controles que la gestión princista en 12 años ininterrumpidos. Sin embargo, para los vecinos los resultados obtenidos siguen por el camino de la frustración.

El 6 de marzo del año pasado, la Municipalidad labró un acta por olores en la cercanía de la empresa. En mayo se repitió la situación. En julio el municipio volvió a gastar papel por el mismo problema. En agosto lo mismo, con el agravante de una infracción del OPDS por la falta de cumplimiento en la inscripción y manejo de residuos especiales. También, el gobierno intimó a la empresa “a no realizar tareas en las celdas de depósitos ubicadas en la zona del Basural Municipal”. Llegó octubre, y una nueva infracción por olores. Comenzó el año y Curtarsa mostró su chiche nuevo: un horno para el secado de barros que durante las semanas de prueba brindó un aporte generoso al aroma pestilente que huelen los vecinos.

Pasado en limpio: el municipio labró infracciones y la Provincia acompañó desde lejos, pero en la práctica no hubo cambios significativos. El pueblo continúa oliendo mal, las sospechas de enfermedades relacionadas con la contaminación esperan una constatación científica, el río corre con olores y colores ajenos a su composición natural. Por último, la empresa se sigue riendo de las normas vigentes, tanto ambientales como de seguridad laboral.

Conghos, el funcionario de provincia que ocupa un cargo con título extenso y pomposo, lo dijo a medias. Cuando se le preguntó si Curtarsa podría instalarse hoy en una zona urbanizada como Jáuregui, el coordinador ejecutivo de fiscalización ambiental del OPDS expresó que sólo podría hacerlo en una zona industrial. A la cuestión legal, se suma que después de un año de controles más o menos exigentes, los inconvenientes que genera la actividad de Curtarsa continúan intactos.

Hasta ahora, ninguna autoridad política se animó a afirmar lo que establecen las leyes ambientales vigentes. Nadie quiere pagar el costo político de reubicar una empresa que a cambio de trabajo perjudica gravemente el medio ambiente y enferma a los vecinos, y que por sus características no puede funcionar pegada a un pueblo.

La verdad es incómoda. Aunque la repiten los vecinos desde hace 15 años, los gobiernos de turno, tanto municipales como provinciales, han optado por no escucharla. En la sesión extraordinaria realizada en 2006 para tratar el tema, los mayores perjudicados en esta historia efectuaron un pedido que sigue vigente: “relocalización sin más vueltas”.

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