Editorial I En vísperas del gran robo

Los senadores deben evaluar la gravedad institucional que implicaría la sanción del proyecto oficial de reforma jubilatoria
Ante la fuerte probabilidad de que el Senado convierta hoy en ley el proyecto oficial de reforma jubilatoria, indigna que el bloque legislativo mayoritario siga sin entender que el porvenir de varias generaciones no puede ser resuelto entre gallos y medianoche.

Nada positivo puede esperarse de esta reforma previsional, que así como salió de la Cámara de Diputados implicará un auténtico robo a los futuros jubilados.

Aun cuando puedan formulársele muchas críticas al actual régimen previsional mixto y, en particular, al funcionamiento de las administradoras de jubilaciones y pensiones (AFJP), es vital comprender que el remedio propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional será peor que cualquier enfermedad. No sólo agravará la situación de quienes dice defender, sino que le asestará un durísimo golpe a la seguridad jurídica y a la propiedad privada.

Se trata de una norma basada en el engaño y en la demagogia populista. En primer lugar, porque, lejos de buscar la protección de los ahorros de los trabajadores para su retiro, sólo apunta a dar un manotazo más a buena parte de la ciudadanía para continuar financiando gastos del Estado que nada tienen que ver con el régimen previsional.

En segundo lugar, porque desde un principio los funcionarios del Gobierno hablaron de una estatización del sistema, hasta que un congelamiento de fondos de las AFJP en el exterior, adoptado preventivamente por un juez estadounidense ante una demanda de bonistas castigados por el default, obligó a las autoridades nacionales a modificar su discurso. En efecto, la propia presidenta de la Nación explicó que sólo la administración de los fondos jubilatorios pasará al sector público. Claro que si fuera efectivamente así, los aportantes a las AFJP continuarían siendo los dueños de sus ahorros, que hasta hoy se hallan en cuentas individuales. Pero nada de esto ocurrirá. Los aportes de cada afiliado se confundirán en un gran pozo común, que en el mejor de los casos terminará repitiendo las injusticias que nuestros padres o abuelos vienen sufriendo desde hace décadas en el viejo sistema de reparto estatal.

Hay un tercer motivo para desconfiar de la iniciativa oficial. Se ha señalado desde el oficialismo que las AFJP han dilapidado los ahorros de los jubilados por sus pésimas inversiones. El portafolio de inversiones de las administradoras, sin embargo, reconoce la tutela del propio Estado, que virtualmente forzó a sus gerenciadores a invertir casi 6 de cada 10 pesos de ahorros jubilatorios en bonos del sector público nacional, que no hace falta recordar cuánto se han desvalorizado desde principios de año. Y nada hace presumir que el destino que les dé a esos ahorros la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sea más seguro y rentable.

¿Pretenderá el actual Gobierno financiar con los fondos jubilatorios cualquier proyecto de obra pública que el sector privado no está dispuesto a financiar por no considerarlo rentable? Si ése será el destino de los recursos que administrará en adelante la Anses -esto es, proyectos de bajo o negativo rendimiento-, cabe pronosticar un futuro aún más penoso no sólo para los próximos jubilados, sino también para los actuales.

En definitiva, de aprobarse como ha sido planteado por el oficialismo el proyecto de reforma jubilatoria, estaremos ante una confiscación de fondos privados que, por si fuera poco, dejarán de ser heredables por los beneficiarios de los aportantes a las AFJP, como hasta ahora, al igual que los cuantiosos aportes voluntarios efectuados por los trabajadores en los últimos 14 años. Corresponde que los senadores reparen en este aspecto antes de que una avalancha de demandas judiciales y hasta llamados a la rebelión fiscal no sólo incrementen la incertidumbre, sino que también aumenten la sensación de que el Gobierno es capaz de cualquier cosa menos de garantizar la seguridad jurídica.

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