Editorial : Sonría, lo estamos filmando

El gobierno nacional y popular, participativo, pluralista, democrático, que en Nación representa el matrimonio Kirchner, en Provincia el acomodaticio Daniel Scioli, en Luján la intendenta Graciela Rosso y, aunque le resulte incómodo para su discurso de campaña, también Miguel Ángel Prince acaba de inaugurar el Centro Operativo Municipal.
Se trata de un sistema de cámaras de seguridad, con monitoreo permanente desde el primer piso de la Terminal de Ómnibus y con imágenes tomadas en presuntos sitios estratégicos del centro de la ciudad. Según se anuncia, en breve la vigilancia se extenderá a los accesos a algunos barrios y localidades.

Los defensores de este sistema esgrimen que los lugares que desarrollaron estos controles lograron mejoras ante los índices de inseguridad. Afirman, además, que se trata de una "herramienta" para el control delictivo. Y que debe ser sólo un sostén para un auténtico plan de seguridad. ¿Cuál es el plan de seguridad de la gestión de Rosso? Se desconoce. ¿Cuál era el plan de seguridad de la anterior gestión? Hacer figurar una presunta participación ciudadana para, en realidad, ampliar el control de caja de sus funcionarios.

El sistema merece un análisis que dé un paso más allá de lo estadístico. En principio, es saludable destacar que estos sistemas de seguridad son impulsados y mostrados con orgullo por municipios que, yendo a la letra fría de la legislación, no deberían incursionar en materia de seguridad porque es materia de tratamiento provincial.

Pero esa discusión ya no existe. Hoy, el municipio que no toma en sus manos esta problemática queda prácticamente aislado y desprotegido.

Pero también es necesario mencionar que este sistema de cámaras responde más a las políticas represivas que a las inclusivas, que dicen estar desarrollando quienes hoy ostentan el poder.

¿Usted quiere más seguridad? Nosotros le ofrecemos más policías, más vehículos para las fuerzas, más recursos, más cámaras que te vigilen a toda hora en espacios públicos, gente que revise las imágenes, conductores con añoranzas de justicieros para que recorran las calles y muchos cargadores llenos, sólo por las dudas. En pos de la seguridad, el Estado toma la decisión de cercenar la libertad y la privacidad de todos.

Cuando una familia tiene los recursos y toma la decisión de encerrarse en un barrio privado porque allí cree estar seguro, no hace más que uso de su libertad de acción. Cuando un almacenero instala un sistema de cámaras en su negocio, asume la responsabilidad por lo que ocurre y registra en su local.

Acá se va mucho más allá: es el papá Estado el que decide por todos nosotros, coloca las cámaras donde le parece adecuado y designa a la gente que estará detrás de ellas observando cada movimiento ciudadano. Y si hoy los funcionarios del Estado les parecen confiables para realizar tan sensible tarea, al menos tenga en cuenta que dentro de dos años puede haber cambio de riendas y las cámaras seguirán funcionando.

Claro está: cuando la inseguridad arrecia por ineficiencias políticas estructurales y de arrastre, todos estos planteos suenan idílicos. Y la colocación de cámaras que vigilen tu vida en espacios de supuesta libertad, y registren hasta cuando usted se saque un moco en la vereda para causar la risa de los que están observando las imágenes, recibe más aplausos que críticas. De hecho, se lo muestra como un gran logro de campaña.

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