Editorial: Señal de ajuste

Hace un par de meses que se puso en marcha un ambicioso proyecto impulsado desde el Departamento Ejecutivo: el centro de cámaras de seguridad ubicado en el primer piso de la Terminal de Ómnibus.
Es mucho el camino por recorrer, ya que por el momento funciona a modo de prueba, con proyección a ampliar su alcance en el futuro inmediato.

Dejando de lado un debate que nadie parece dispuesto a afrontar –cercenar las libertades individuales en pos de la "seguridad" comunitaria, para presentarlo de manera resumida- las cámaras ya están filmando y grabando los movimientos callejeros de diferentes puntos de la ciudad. Y cada paso es monitoreado por empleados municipales que cambian en turnos de seis horas y un agente policial que vincula al servicio comunal con las fuerzas de seguridad.

Hasta ahí lo iniciado. En un mapa colocado a metros de las pantallas de supervisión, figura el siguiente paso de la propuesta oficial para controlar el casco céntrico, los barrios, las localidades y los principales acceso y egresos de la ciudad.

Allí consta la distribución de 50 cámaras, aunque la inminente licitación será por 32 y el municipio pretende estirar los recursos a recibir para llegar a comprar 40 cámaras.

Al margen de los números, ya no se discute si es el mejor modo de controlar y vivir. La propuesta está en marcha y con planes firmes para expandirla.

Ante ese panorama irremediable –alentador para muchos, triste para otros- cabe preguntarse si están dadas las condiciones para seguir avanzando.

Cabe preguntarse, por ejemplo, si la puesta en marcha del sistema de monitoreo es bienvenido tanto por las autoridades políticas como por las autoridades policiales. ¿O nos equivocamos si planteamos que para muchos jefes policiales esta clase de sistema es tomado más como un control hacia la eficacia de esa fuerza que como una herramienta de colaboración con su trabajo?

En todo caso, también debemos preguntar si están claras las reglas de funcionamiento de esta polémica herramienta de control. Si una persona sufre un robo en pleno centro, ¿puede acceder a las imágenes para tratar de resolver su caso?

¿No se debería indicar con lujo de detalles cómo es el mecanismo a seguir ante cada situación ilícita? Porque sólo por trascendidos se sabe que las imágenes que registran las cámaras callejeras sólo pueden ser solicitadas por la Justicia, después de un burocrático camino. Y que ese sendero se iniciaría en la radicación de una denuncia en la Justicia, que sería elevada al Ministerio de Justicia de la Provincia; que de allí se pasa la petición al Ministerio de Seguridad de la Provincia, que remite lo pedido a la Policía Distrital y que con el documento judicial la Policía recién ahí estaría en condiciones de solicitar la imagen a las dependencias municipales, a través de la Secretaría de Gobierno.

Monitorear y grabar los movimientos ciudadanos durante las 24 horas del día no es una simple actitud voyeur financiada por el Estado. Es una herramienta polémica, sensible y peligrosa si su uso no es el correcto. Un concepto que debería estar claro para todos los que intervienen en su funcionamiento.

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