Editorial: Punto de inflexión

La relación entre el municipio y la empresa Curtarsa llegó a un punto sin retorno. Desde la semana pasada, se bifurcaron los caminos para arribar a una solución. Y esos caminos sólo pueden arrojar una sola verdad.
La máxima autoridad política de la ciudad dijo públicamente lo que la anterior gestión municipal no se animó a decir en sus más de diez años de mandato. Admite que la curtiembre está contaminando y que con su actividad parece sentirse dueña de la vida de un pueblo.

Siempre ante el grabador de un medio de comunicación, es decir, sabiendo que sus declaraciones formarían parte de una nota, Graciela Rosso dijo que en las condiciones actuales la empresa no puede seguir produciendo. Y que tiene que acomodar sus procesos a lo que establece la ley vigente, porque de lo contrario tendrá que cerrar y tratar de desarrollar su actividad industrial en Italia, ciudad de origen de sus propietarios actuales.

Tampoco dejan margen para dar pasos hacia atrás las expresiones acerca del rol que asumió desde hace años la Provincia de Buenos Aires -presunto poder de policía ante una empresa de tercera categoría- a través de las impresentables áreas que supieron ser Secretarías, Direcciones y que hoy se bautiza con el nombre de Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Al margen de un par de payasos mediáticos que se animaron a llegar hasta Jáuregui para explicar lo inexplicable, en los papeles, en concreto, la Provincia siempre estuvo dispuesta a aprobar todo cuanto necesitara la curtiembre, sin importarles un bledo las consecuencias de sus avales.

Los vecinos –hasta hoy- pueden gastarse el dedo marcando al número de la OPDS para denunciar olores nauseabundos, que lo máximo que pueden conseguir es que un inspector venga y corrobore o rechace tal afirmación.

En el fondo, Curtarsa y las autoridades municipales saben que llegadas las urgencias, la curtiembre conseguirá en La Plata lo que necesite. Eso ocurrió en noviembre de 2007 y si al tema no se lo expone en toda su dimensión, volverá a suceder en noviembre de 2009, cuando los dueños de la curtiembre vayan a Provincia a pedir la renovación del certificado de aptitud ambiental, documento necesario para poder producir en un marco legal.

Por esa y tantas razones acumuladas con los años, es saludable que la Provincia sea apartada de las decisiones de control. En aquellos que hace años luchan contra la hipocresía política, fue visto con buena cara que la Provincia no haya participado de la reunión de la semana pasada en la que, desde el municipio y con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, se reiteraron las intimaciones para que Curtarsa se encuadre en las leyes vigentes. Una posición que sería ayudada por una nueva presentación judicial.

Hacer cumplir las normas sin más vueltas, entonces, es uno de los caminos posibles. La otra alternativa es que las cosas sigan como hasta ahora. Que Curtarsa haga lo que se le antoje y que cada tanto, cuando sus acciones son alevosas, sufra alguna sanción económica.

Y que las autoridades municipales, provinciales y nacionales sigan mirando para otro lado cuando los vecinos denuncian, directamente, que ven afectada su vida porque a unos empresarios se les ocurre lucrar sin medir consecuencias.

Desde la semana pasada, cuando la intendenta transparentó la posición oficial como no había ocurrido antes –una sola vez el entonces gobernador Felipe Solá admitió que la firma contaminaba- es imposible volver atrás.

Una de los dos partes se saldrá con la suya. Con una aclaración necesaria: una de las partes pelea con argumentos legales. La otra parte jamás podría transparentar cómo logra seguir avanzando mientras mira de costado las leyes vigentes.

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