Editorial: Lotes usurpados

En un tono y una forma no acorde con la gravedad del caso, el gobierno municipal salió a informar sobre la existencia de gran cantidad de casos de usurpación de lotes privados, ubicados en barrios de Luján.
Y se deslizó, con absoluta irresponsabilidad, una versión que indica que "se viene una migración interna desde el conurbano".

El principal conflicto se registra en el Ameghino, donde ya se produjo una detención y hay una mujer señalada como la responsable de organizar los desembarcos en esos terrenos.

Ante una oleada de rumores y acciones concretas en post de la ocupación, las autoridades municipales encabezadas por las secretarias de Legal y Técnica y Gobierno radicaron una denuncia en Fiscalía para que se investigue la posible organización que se escondería detrás.

Sin rodeos, en la presentación judicial aparece el nombre del ex intendente Miguel Ángel Prince como la persona que no sólo haría la entrega simbólica de la tierra, sino que formaría parte de la promesa futura de legalización de esta posesión irregular.

No es la primera vez que este tema sale a superficie. Se sabe, aunque nunca con una precisión estadística, que tierras y viviendas forman parte de una de las mayores demandas sociales de los últimos años.

Existe en trámite una causa judicial por la supuesta comercialización de lotes sin dueños a la vista, con información –que la Justicia intenta determinar- que apunta a cierta responsabilidad dentro de la Casa Municipal. En concreto, se vendían lotes con datos extraídos de planillas catastrales oficiales.

Pero el tema es de complejo tratamiento, no sólo por la enorme demanda. Es una problemática que suele circunscribirse al ámbito de la estafa privada. Y cuando hay indicios de una participación estatal, no siempre lo que ocurre se lo entiende como una vil y condenable estafa.

En otras palabras, no faltan quienes creen que ayudar a las personas con carencias económicas a acceder a un terreno que luce abandonado por sus dueños no es más que un acto de justicia social digno de un Robin Hood moderno.

Lejos de la hipocresía, el fallecido concejal justicialista Raúl Suárez es muy recordado en el ámbito político por sus gestiones informales para la ocupación de terrenos falazmente considerados "fiscales". Se sentaba en una banca del Concejo con una máquina de escribir y allí mismo redactaba notas que los vecinos consideraban firmes documentos de posesión. Fue así como nació, en parte, la ocupación de la manzana 9B del barrio Lanusse, que aún hoy no tiene los papeles totalmente en regla.

Si en la actualidad Prince no está en la organización de estas ocupaciones –como contrariamente afirma el gobierno de Graciela Rosso-, pero está enterado de la utilización de su nombre como presunto gestor de las regularizaciones (que nunca se lograrán), debería ayudar a esclarecer la estafa y no jugar con la ilusión de los vecinos.

Si, por el contrario, Prince está al tanto de cada acción y no hace nada para frenarla por creer que está realizando un acto subrepticio de justicia social, la canallada es inaceptable.

Por el bien de quienes se ilusionan en vano con la posibilidad de acceder a un lote para la construcción de su casa y también para tranquilidad de sus legítimos propietarios, es necesario que se aclare todo lo que salió a la luz esta semana.

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