Editorial: Ellos debaten, los otros actúan

En nuestra edición del sábado pasado, las páginas de Policiales reflejaron la realidad que atraviesa la seguridad en el partido de Luján. En una nota se enumeraron los casos de robos y asaltos que ocurrieron en las últimas semanas y que llegaron a conocimiento de nuestra redacción, con un punteo caso por caso de situaciones vividas en comercios del centro y en viviendas particulares.
Se sabe que no todo lo que ocurre llega a oído de los periodistas, pero la cantidad de ilícitos dados a conocer ya encendió la alarma pública.

También se detalló lo sucedido en el Banco Provincia de la localidad de Jáuregui. Sin transpirar, cuatro o cinco delincuentes, a cara descubierta, se alzaron con más de 150 mil pesos y no hay rastros de culpables y mucho menos detenidos.

Además, hace meses que se informa sobre la modalidad repetida del atraco que protagoniza una pareja que se moviliza en moto y que se apoderó de incontable cantidad de carteras.

Esas páginas de Policiales expusieron la situación en su real magnitud, porque los datos acerca de los ilícitos se completaron con una nota en la que se da cuenta de la preocupante carencia de recursos en las fuerzas policiales. En el patrullero que aparece en la foto de contratapa del sábado, sólo faltan días para que sobre su capot crezcan plantas. Motores fundidos, autos destrozados y una pobreza de recursos materiales que inevitablemente se verá reflejada en los resultados.

La situación la conocen las víctimas, la conocen los que se informan a través de los medios de comunicación local y, por supuesto, los funcionarios comunales, las autoridades policiales y los concejales. Por esa razón, estos últimos tres actores mencionados se reunieron la semana pasada para analizar lo que ocurre y, en teoría, definir algunos pasos a dar.

Para no generar falsas expectativas, nos apuramos en indicar que no hubo una sola conclusión firme después de un par de horas de intercambio de opiniones.

Los que supieron estar en el gobierno desempolvaron su mágica propuesta del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana y, por qué no, la resurrección del cobro del Fondo de Seguridad Ciudadana a través de la boleta de luz.

Los opositores históricos (Unión Vecinal y radicalismo hoy dentro del FUV) sostienen aquel argumento válido desde lo teórico: de la seguridad pública se debe encargar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que para eso recibe dinero abonado por los contribuyentes.

El oficialismo recuerda que para evitar más erogaciones en los horadados bolsillos ciudadanos, se dispuso de una partida de un millón de pesos con destino específico en la seguridad. Eso sí, no informa cuánto lleva gastado y mucho menos en qué.

Mientras las autoridades discuten y defienden posiciones antagónicas, en el centro, en los barrios y en las localidades se incrementa la lista de víctimas y desde nuestro espacio de comunicación nos vemos en la obligación de dedicarle más de una página a los hechos policiales. Es sencillo entender por qué: porque mientras las autoridades debaten, los delincuentes actúan.

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