Editorial: Dinero en manos del Estado

Con un apuro que despierta lógicas sospechas, y después del ruidoso fracaso de la sanción de la resolución 125, que prometía aportar recursos económicos frescos para las arcas estatales ante cada venta de cereal –lo que alimenta aún más las sospechas-, el gobierno volvió a hacer números en ambas cámaras para presentar un proyecto y en tiempo récord aprobar la estatización de los fondos de las AFJP.
La propuesta se basa en la idea de un Estado fuerte que administra los recursos previsionales y que, cumpliendo su rol, debe asegurar la igualdad de derechos de todos los argentinos a la hora de jubilarse y mientras se goza de estos haberes, luego de décadas de aportes. Eso sí, en números, la explicación dejaría de ser tan idílica.

En los años de menemismo desenfrenado el discurso preponderante convenció a la mayoría de los argentinos de las bondades de un sistema con intervención privada para –supuestamente- mejorar las remuneraciones futuras.

En esos años, imperaba la propaganda que calificaba al Estado como mala palabra. Y había que apelar a empresas privadas que, generosas ellas, te hacían partícipes de un tentador negocio.

En una charla sobre este tema realizada el viernes en Luján, el ex legislador radical Eduardo Santín lo graficó de modo interesante: “Eran años en los que te hacían creer que uno trabajaba como obrero y aportaba como obrero, pero se jubilaría con haberes de gerente”.

Hoy el Estado viene a ponerle fin a esos negocios privados y propone una alternativa más solidaria. Al menos, eso es irrevocable desde lo teórico.

Se propone el fin de las AFJP y la administración estatal de todos los recursos de los jubilados y pensionados. Es mucho dinero el que está en danza. Pero aunque nunca es sano prejuzgar (la propuesta todavía no se puso en marcha), sí hay temas que merecen un debate profundo.

A pesar de las bondades teóricas, los problemas de la iniciativa estatal son diversos. Uno de los inconvenientes más latentes es el descrédito de los argentinos tanto en el Estado como garante como en las AFJP como futuras distribuidoras de los haberes. Bajo cualquier sistema, existe la presunción de que se cobrará una miseria.

En realidad, el problema es más serio: la inmensa mayoría de los argentinos nos desentendemos del sistema de jubilación y de todos sus detalles hasta el día que tenemos que llenar las planillas para, oficialmente, pasar a engrosar las filas de “la clase pasiva”.

Pero hay otro problema más coyuntural, que eleva el tono de la discusión del proyecto oficial. El Estado que manejará la abultadísima caja previsional está bajo el mando del matrimonio Kirchner.

El responsable del ANSeS, Amado Bodou, se llena la boca adelantando que con más recursos se pueden construir escuelas, mejorar hospitales, reparar caminos. Lo mismo que se prometía con el dinero de la resolución 125.

En realidad, con ese dinero del sistema previsional debería haber una sola prioridad: sacar a la mayoría de los jubilados del cobro de salarios de hambre, que ni siquiera llegan a arañar los recursos necesarios para no caer la línea de la pobreza.

“Vienen por la plata” dicen los detractores. Ojalá, por el bien de todos los argentinos, que no tengan razón.

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