Editorial: Detrás de las decisiones hay nombres

El uso de un sedimentador que trabajaba sin protección alguna y el permiso para encender un horno para reducir el volumen de sus barros y ahorrar en su proceso productivo son apenas dos indicios menores del favor que ya tiene pensado otorgar a la empresa Curtarsa el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El gran premio que la empresa curtidora conseguirá en La Plata, como ocurrió hace poco más de dos años, será el ansiado Certificado de Aptitud Ambiental sin el cual se complica seriamente su funcionamiento.

Por eso, es tiempo de terminar con rodeos, argumentos y análisis y ponerle nombre y apellido a cada una de las decisiones que no encuentran lógica en los hechos, siempre y cuando la realidad se observe desde el deseo de transparencia.

Si Curtarsa obtiene el Certificado, los responsables serán los integrantes del OPDS y su jefe político: el gobernador Daniel Scioli. El director Ejecutivo del OPDS es José Manuel Molina, oriundo de Pilar, ex senador provincial que llegó a ser vicepresidente 2º de ese cuerpo y de insondables antecedentes en materia medioambiental.

Su secretario privado es Carlos Varela. El OPDS cuenta con una "Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, la Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas", oficina en la que cobra su salario un tal Hernán Pablo Pantuso y con una "Dirección Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas" en la que marca tarjeta Gustavo Andrés Cilenta.

El director de "Producción y Consumo Sustentable" es Sebastiano Mario Presti; la Dirección de "Relaciones con la Comunidad" la comparten Marcelo Ordóñez y Gloria Basso y el director de "Recursos Naturales" es Germán Larran.

Es tan importante la tarea que desarrolla el OPDS que tiene varios funcionarios más. Hay otro director de "Recursos Naturales", Manuel Ortale; un director de "Áreas Naturales Protegidas", Ricardo Cañete; un coordinador ejecutivo de "Fiscalización Ambiental", Julio Roberto Melchor Cavaría, y una directora de "Controladores Ambientales", María Verónica Gladario. El plantel sigue: director de "Fiscalización de Industrias e Inspección General", Guillermo Connell; dos directores de "Evaluación de Impacto Ambiental", Federico Jarsún y Federico Augusto Bordelois; una directora de "Ordenamiento Ambiental Territorial",

Patricia Mónica Pastore; un coordinador "ejecutivo administrativo", Rubén Roberto García; un director "General de Administración", Miguel Ángel Papa; un responsable de la "Contabilidad de la Oficina de Trámites Ambientales", Fernando Arana; una "Dirección Provincial de Personal" a cargo de Guillermo Daniel Lopérfido; otra Dirección Provincial de "Residuos", en manos de Oscar Taborda y otra de "Residuos Sólidos Urbanos", manejada por Adriana Alperovich.

También el OPDS tiene gente para ocuparse de los "Residuos Especiales y Patogénicos" (Hernán Javier Alonso), de "Gestión Jurídica" (Carlos Alberto Olivera), de "Información Jurídica" (Javier Inama) y de "Asuntos Jurídicos" (Catherine Astolfi).

De este plantel saldría, en los próximos días, la firma para que Curtarsa continúe con su manejo habitual.

Pero Luján, quizás por esa influencia de la fe, suele tener viento a favor en materia de ubicación estratégica de sus dirigentes. En su momento, la entonces legisladora provincial María Inés Fernández fue presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura Provincial. También el entonces intendente Miguel Prince alcanzó a presidir el Comité de Cuenca del Río Luján. Y la ahora intendenta Graciela Rosso supo llegar a uno de los escalones más altos del Ministerio de Salud de la Nación. Los resultados de sus gestiones con relación al medio ambiente y la defensa de la calidad de vida de sus coterráneos, están a la vista.

Esa suerte nos sigue acompañando. En el largo listado de funcionarios rentados del OPDS, nos faltó mencionar a un lujanense: el flamante "director de Recaudación, Recursos Económicos y Servicios Auxiliares" de ese organismo es Daniel Alejandro Domínguez, quien supo ser secretario privado de Prince durante los últimos años de su gestión local, para luego asesorar a Molina en su banca de senador.

A la hora de poner la firma en el Certificado de Aptitud Ambiental para que Curtarsa sigue produciendo, tal como se le ocurre a sus directivos, Molina o quien se anime a estampar su nombre, seguramente tendrá a su lado a Domínguez, para contarles con conocimiento de causa y sobrados detalles sobre el problema de la contaminación en Jáuregui y alrededores.

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