Editorial: Derecho de admisión y permanencia

Con dos valijas repletas de documentos de respaldo, funcionarios de la Municipalidad de Luján desembarcaron días atrás en la sociedad de fomento de Villa Flandria, primero, y en la cafetería del Hospital Municipal "Nuestra Señora de Luján", en segunda instancia.
En ambos casos el objetivo era similar: imponer un corte definitivo a lo que se podrían resumir como malas prácticas o, en todo caso, perjudiciales para la comunidad en su conjunto.

En la entidad de la localidad de Jáuregui se decidió fomentar la creación de una comisión normalizadora que reemplace a las autoridades encabezadas por Damián Guglielmo, un viejo dirigente que administró a la institución a su gusto y piacere.

En sus años de gestión, Guglielmo acordó infinidad de acciones con los responsables del Departamento Ejecutivo municipal. Y ahora las denuncias exponen los límites disueltos de esos acuerdos: la falta de control por parte del Estado derivó en presuntos negocios y en grotescos incumplimientos en los compromisos asumidos con los vecinos. Porque no quería, no podía o porque le convenía, la anterior gestión municipal "dejó hacer".

A fines de la semana pasada, los mismos funcionarios golpearon la puerta de la cafetería del Hospital. A pesar de ser una explotación comercial dentro de un establecimiento de salud dependiente de la Comuna, la zona tenía un férreo control privado acordado por escrito con la administración que capitaneó Miguel Prince.

Según marca el discurso de la gestión de Graciela Rosso, esos acuerdos comerciales estaban vencidos y era momento de barajar y dar de nuevo. También aquí, por acción u omisión, el viejo Ejecutivo "dejó hacer".

Los documentos que esbozaron en esos días los abogados de la Municipalidad dejan escaso margen para la polémica. Al parecer, actuaron con sobrados argumentos.

En Jáuregui y en el Hospital se observan dos pasos fuertes del gobierno local. Pero dos pasos que únicamente deberían sembrar el terreno para la recomposición correcta de cada espacio.

Si la Municipalidad se metió de lleno en la sociedad de fomento de Villa Flandria para terminar con las prácticas de Guglielmo y sus cómplices y acto seguido instala a otros allegados al poder de turno, el error sería grosero.

Quizás, tan grosero como cambiarle la cerradura a los explotadores de la cafetería del Hospital para darle las nuevas llaves a amigos de la actual administración.

Diferente es la intromisión de las autoridades comunales, en especial de la doctora Rosso, en la designación de un nuevo interventor en el PAMI. Aquí no se vislumbra ningún paso correcto. En este caso, no hay documentos ni herramientas legales que justifiquen las gestiones y protestas de la máxima autoridad municipal. Sólo se exponen, por un lado, la sensación de haber quedado afuera de los círculos de decisión y, por otro, sospechas personales por el patrimonio de quien fue nombrado interventor.

Es saludable que el gobierno actúe como resguardo de los derechos de todos los ciudadanos. Y más aún si están borrosos o en duda los límites de la transparencia. Pero el margen es acotado: hay que modificar lo establecido dando muestras inmediatas de las intenciones de hacer las cosas de modo diferente. De lo contrario, sería sólo un cambio de nombres y de fidelidad a la gestión de turno.

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