Editorial: La ciudad es de todos

Córdoba se convirtió una vez más, en los últimos días, en una ciudad ocupada y depredada por quienes pretenden ingresos y posiciones de privilegio, olvidando que la ciudad no es de ellos sino de todos los ciudadanos.
Con tres días de paro general de los empleados municipales, con desórdenes callejeros, caos de tránsito y escenas de violencia por todas partes, la ciudad de Córdoba vivió otra semana de vergüenza, en la reiteración de un conflicto que parece no tener fin, que tiene en vilo a la ciudadanía y que está causando enormes daños materiales, además de romper las más mínimas normas de convivencia. Si hay un ejemplo que ilustra bien a las claras este estado de cosas fueron los derrames cloacales provocados por la inacción de los operarios encargados de mantener el servicio. Ésta es la imagen que está dando Córdoba al resto del país, justo en un fin de semana largo en el que es visitada por turistas de todas partes, incluso del exterior, y a sólo dos semanas de unas elecciones legislativas que deberían ser motivo de reflexión y debate.

La degradación urbana está llegando a límites insoportables y los ciudadanos pierden la paciencia frente a tantos atropellos, máxime teniendo en cuenta que aquí se juegan intereses políticos y electorales que se añaden a un conflicto entre la Municipalidad y un gremio, el Suoem, que actúa con prepotencia y violencia en la defensa de privilegios inaceptables y que desoye las intimaciones de la autoridad municipal, de los jueces y del Gobierno provincial, que en última instancia es responsable de la seguridad pública.

Los cordobeses no pueden ni van a aceptar ser tomados como rehenes por una burocracia sindical que está dispuesta a ocupar, sitiar y depredar una ciudad de más de un millón de habitantes. El secretario general del Suoem ha dicho que el conflicto "es inevitable" y que será "largo y progresivo", con lo cual adelantó una posición de intransigencia y de soberbia que tiene la categoría de una amenaza.

Pero, como dice el refrán popular, el chancho no tiene la culpa sino los que le dan de comer. Y hay que reiterar que las últimas administraciones municipales han sido las peores y más ineficientes de los últimos tiempos, las que hicieron que la planta de personal creciera de modo desmesurado en los últimos años, y que además los salarios se ubicaran en niveles elevados, lo que significa que cada 10 pesos que entran al municipio, siete van para personal. ¿Qué obra municipal se puede llevar a cabo en esas condiciones?

El tema fue planteado por la Municipalidad en una dura solicitada, ya comentada en esta columna, que asimismo aludía a gran cantidad de personal que ingresó con procesos penales pendientes, lo que a su vez mereció réplicas desde el Frente Cívico.

Que Juez y Giacomino hoy estén enfrentados de manera abierta en lo político y electoral es un tema que se debe plantear en esos planos, los de la política y el debate electoral, pero sin afectar a la administración municipal, sin usar al municipio o al gremio municipal como arietes electorales, como tanques de guerra en la lucha política.

El secretario general del Suoem dijo además que el gremio se prepara para una lucha de "mediano alcance" y que el conflicto estallará, aunque no adelantó cuándo. "A ese día lo vamos a elegir nosotros", agregó. ¿Puede el pueblo de Córdoba aceptar semejantes amenazas, esta especie de militarización de los conflictos sociales, en que la ciudad es tomada como un escenario de guerra?

Al común de la gente le tiene sin cuidado el conflicto entre Juez y Giacomino, y cada uno decidirá en las urnas de acuerdo a sus propios criterios y convicciones. Pero la ciudad es de todos, no de esos antiguos aliados y ahora adversarios políticos, ni de los demás partidos políticos, ni tampoco de un gremio municipal que pretende preservar a sangre y fuego privilegios inaceptables. En Córdoba hay trabajadores industriales de alta calificación que han debido aceptar recortes salariales, quitas de horas extras y suspensiones transitorias para mantener sus puestos de trabajos. Es por ello que no se puede aceptar que haya burócratas estatales que pretendan ingresos y posiciones de privilegio.

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